Argentina, a pesar de ser un país productor de petróleo, enfrenta una paradoja energética notable: los consumidores argentinos pagan precios de combustible más altos que sus pares en Estados Unidos y Brasil. Desde diciembre de 2023, el precio de la nafta ha aumentado un 542,7% nominal, en un contexto de inflación del 292% y un incremento salarial del 288%. Esta situación se agrava por la reciente eliminación de la obligación de abastecer primero el mercado interno, lo que ha permitido a los productores exportar libremente y fijar precios en función de la paridad de importación.

La producción de petróleo en Argentina ha alcanzado niveles récord, con casi 900 mil barriles diarios, impulsada principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, que representa el 68% de la producción total. Sin embargo, a pesar de esta capacidad productiva, los precios internos de los combustibles no reflejan esta realidad. En comparación, el precio de la nafta en Estados Unidos es de aproximadamente US$ 1,09 por litro y en Brasil de US$ 1,31, mientras que en Argentina se sitúa en US$ 1,5 por litro. Esta diferencia se debe a decisiones políticas que han permitido la liberalización del mercado de combustibles, afectando directamente el bolsillo de los consumidores.

La Ley Bases 27.742, sancionada en junio de 2024, ha sido fundamental en este cambio, derogando la obligación de priorizar el abastecimiento interno y permitiendo que los productores fijen precios sin intervención del gobierno. Esto ha llevado a que el precio de la nafta en Argentina se ajuste a la paridad de importación, a pesar de que el crudo se extrae en el país. Además, el aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) ha contribuido a encarecer aún más el combustible, pasando del 10% al 20% del precio del litro en poco tiempo.

El impacto de estos aumentos es significativo para las familias argentinas, que enfrentan un encarecimiento del combustible que actúa como un impuesto regresivo sobre la economía. Este aumento en los costos de transporte y logística se traduce en precios más altos para alimentos y bienes básicos, afectando el poder adquisitivo de los consumidores. Las empresas que dependen de combustibles para su operación también están sintiendo el impacto, ya que deben competir con pares en otros países que acceden a precios más bajos.

Para revertir esta situación, se requieren intervenciones concretas. Es necesario redefinir el esquema de precios internos para que sean más accesibles para las familias, implementar una política de ingresos que contemple la realidad del mercado laboral, y reducir la carga del ICL, que actualmente no se traduce en inversiones en infraestructura. Además, es crucial ejecutar las inversiones necesarias para mejorar la logística y operación del sector energético, lo que podría beneficiar tanto a las empresas como a los consumidores en el largo plazo.