El Ministerio de Vivienda de España está considerando presentar una nueva ley al Congreso que regularía el sector de los proveedores sociales de vivienda. Esta iniciativa busca que las entidades sin ánimo de lucro sean las principales receptoras de fondos destinados a la construcción de viviendas protegidas. La propuesta se encuentra en una fase avanzada, ya que el gobierno busca establecer un marco legal que brinde seguridad jurídica y facilite la financiación para la creación de viviendas sociales asequibles.

El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha destacado la necesidad de una propuesta sólida que permita el crecimiento del sector de vivienda social. En otros países europeos, como Alemania y el Reino Unido, las organizaciones sin ánimo de lucro han desempeñado un papel crucial en la gestión y promoción de viviendas públicas, lo que ha llevado a un modelo más sostenible y accesible. En Cataluña, por ejemplo, estas entidades gestionan alrededor del 10% del parque de viviendas, lo que demuestra su relevancia en el mercado local.

A pesar de la falta de tradición en España en cuanto a este tipo de entidades, la Alianza por la Vivienda Asequible y Social (ALIVAS) ha presentado propuestas concretas para regular el sector. Entre las medidas solicitadas se incluye una fiscalidad ventajosa, como un 0% en el impuesto de sociedades y un 4% en el IVA, lo que podría mejorar la rentabilidad de estas organizaciones en los primeros años de operación. Esto es crucial, ya que el sector de vivienda social a menudo no genera beneficios inmediatos, pero sí un retorno a largo plazo a través de ayudas públicas y la creación de un parque de viviendas accesibles.

Los promotores sociales han enfatizado la importancia de la titularidad del parque de vivienda. Si esta queda en manos de fondos extranjeros, podría resultar en un empobrecimiento del país a largo plazo. La propuesta de ALIVAS busca que el 80% de la actividad de estas entidades esté dedicada a la vivienda protegida, limitando la distribución de beneficios al 30% para reinvertir el resto en el sector. Esto podría establecer un modelo más sostenible y equitativo para la gestión de la vivienda en España.

A futuro, el gobierno deberá enfrentar el desafío de obtener una mayoría parlamentaria para aprobar esta ley, especialmente en el contexto de una legislatura que se encuentra en su recta final. La complejidad de la propuesta, que incluye medidas fiscales, requerirá un amplio apoyo político. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se desarrolla este proceso legislativo y qué impacto tendrá en el sector de la vivienda en España, así como en la percepción de los inversores y en la economía en general.