La reciente reforma a la Ley de Glaciares en Argentina ha generado un renovado interés en el sector minero, especialmente en los proyectos de cobre que están listos para avanzar hacia la construcción. Según Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), se identifican seis proyectos clave en las provincias de San Juan, Catamarca y Salta, con inversiones que superan los US$ 28.000 millones. Esta cifra es significativa, considerando que Argentina dejó de producir cobre a gran escala en 2018, cuando cerró la mina Bajo la Alumbrera en Catamarca.

En San Juan, se destacan los proyectos Pachón, Los Azules, José María y Filo del Sol, donde las empresas BHP y Lundin planean invertir US$ 7.100 millones. McEwen Copper, a cargo de Los Azules, estima una inversión de US$ 3.170 millones, mientras que Glencore proyecta US$ 9.500 millones para El Pachón. Estos desarrollos no solo representan un impulso económico para la región, sino que también podrían generar miles de empleos durante la fase de construcción y operación.

En Catamarca, el proyecto Minera Agua Rica (MARA) se perfila como uno de los mayores desarrollos de cobre en el país, con una inversión estimada de US$ 4.000 millones por parte de Glencore. En Salta, el proyecto Taca Taca, liderado por First Quantum Minerals, prevé una inversión de hasta US$ 5.250 millones. Además, en Mendoza se encuentra el Proyecto San Jorge, de menor envergadura, con un compromiso de inversión de US$ 559 millones por parte de Zonda Metals GmBH y el Grupo Alberdi.

La modificación a la Ley de Glaciares otorga mayor autonomía a las provincias para gestionar los estudios de impacto ambiental, lo que podría acelerar la aprobación de estos proyectos. Cacciola enfatiza que la nueva normativa proporciona certeza sobre el manejo del ambiente periglaciar, permitiendo a las provincias evaluar y decidir sobre las presentaciones de las empresas mineras. Esto es crucial para el desarrollo del sector, ya que la falta de claridad en la legislación anterior había generado incertidumbre y demoras en la ejecución de proyectos.

A futuro, los inversores deben monitorear cómo se implementará esta reforma y qué impacto tendrá en la aceleración de los proyectos mineros. La atención se centrará en la resolución de los temas judiciales que ya han surgido y en la capacidad de las provincias para gestionar adecuadamente los recursos hídricos. Con una inversión total de más de US$ 28.000 millones en juego, el desarrollo de estos proyectos podría transformar el panorama minero de Argentina y contribuir significativamente a la economía nacional.