Las prestamistas Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio han declarado ante la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene una deuda vigente de u$s70.000 más intereses. Esta situación se enmarca dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, donde ambas mujeres confirmaron haber otorgado un crédito hipotecario privado por un total de u$s100.000 en noviembre de 2024, destinado a la compra de un departamento en Buenos Aires. El acuerdo estipula una tasa de interés del 11% anual y un esquema de cuotas mensuales, con un vencimiento final previsto para noviembre de este año.

La investigación se centra en determinar si las prestamistas, ambas vinculadas a la Policía Federal, tenían la capacidad económica para otorgar dicho financiamiento. Según sus declaraciones, los fondos provendrían de una herencia familiar y de ingresos por salarios y alquileres. Este aspecto es crucial, ya que la capacidad económica de los prestamistas puede influir en la legalidad del préstamo y en la percepción pública sobre la transparencia de las operaciones inmobiliarias del funcionario.

Además, se ha revelado que la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó las firmas, afirmó que las operaciones se realizaron dentro de un marco "normal" y negó la existencia de préstamos en efectivo. Esto sugiere que la transacción fue un acuerdo de compraventa con financiamiento directo entre las partes, lo que podría complicar la interpretación de la legalidad del financiamiento. La causa también incluye la revisión de otras operaciones inmobiliarias relacionadas con Adorni, lo que podría ampliar el alcance de la investigación.

La situación de Adorni es particularmente relevante en un contexto donde la confianza en las instituciones y la transparencia financiera son fundamentales para el clima de inversión en Argentina. La declaración de Adorni sobre sus deudas ante la Oficina Anticorrupción, donde consignó obligaciones por montos en pesos equivalentes a los préstamos en dólares, aunque por cifras que representan aproximadamente la mitad del crédito total, añade un nivel de complejidad a la situación. Esto podría influir en la percepción del mercado sobre su capacidad de gestión y la del gobierno en su conjunto.

A medida que la investigación avanza, se espera que el juez federal Ariel Lijo continúe con el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre Adorni y su esposa, lo que permitirá un acceso más detallado a sus movimientos financieros. Para el 15 de abril, se prevé la declaración de otras dos personas vinculadas a la misma operación inmobiliaria, lo que podría arrojar más luz sobre el caso. La recolección de pruebas y el análisis de la documentación contable y patrimonial son pasos cruciales para determinar el origen de los fondos involucrados y la consistencia de las operaciones bajo investigación.