El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una crisis significativa, con una reducción de hasta el 30% en la frecuencia de sus unidades. Esta situación se debe a la falta de pagos de subsidios por parte de las jurisdicciones nacional y provincial, lo que ha llevado a las empresas a operar con menos unidades y a complicar el traslado de millones de pasajeros. Según Marcelo Pasciutto, director del Grupo Dota y de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la normalización del servicio podría tardar hasta 48 horas tras la acreditación de los fondos adeudados, que ascienden a unos $20 millones por colectivo a nivel nacional y $10 millones por unidad en la provincia.

El problema de los subsidios impagos ha sido un tema recurrente en el transporte público argentino, y en este caso se ha visto agravado por el aumento del precio del combustible, que ha pasado de un valor reconocido de $1.700 a operaciones cercanas a los $2.400. Este incremento del 42% en solo un mes ha dejado a las empresas sin capacidad de compra, agotando sus líneas de crédito y afectando su operatividad diaria. La falta de financiamiento no solo impide la compra de combustible, sino que también complica el pago de salarios y otras obligaciones básicas.

A diferencia de la situación en el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se encuentra al día en el pago de subsidios y costos, lo que ha permitido que sus servicios operen con normalidad. Esta disparidad en el funcionamiento del sistema de transporte entre las jurisdicciones resalta la necesidad de una solución integral que aborde la acumulación de deudas y la falta de respuestas por parte de las autoridades. La crisis actual no solo afecta a las empresas de transporte, sino que también impacta a unos 9 millones y medio de pasajeros diarios, quienes enfrentan demoras significativas en sus traslados, especialmente en horas pico.

Desde la CETUBA, se advierte que la crisis es estructural y que, sin soluciones concretas, el sistema seguirá enfrentando severas limitaciones. Las empresas han manifestado que, incluso si se regularizan los pagos, la normalización del servicio no será inmediata debido a la logística necesaria para reabastecerse de combustible. Esto implica que, a pesar de la posibilidad de que se acrediten los fondos, la recuperación total del servicio podría llevar más tiempo del esperado.

Para los inversores y operadores en el mercado argentino, la crisis en el transporte público puede tener implicancias significativas. La reducción de frecuencias podría afectar la movilidad y, por ende, la actividad económica en la región. Además, la situación de las empresas de transporte podría influir en el mercado de bonos y en la percepción de riesgo asociado a la inversión en el sector. Es crucial monitorear la evolución de los pagos de subsidios y las respuestas del gobierno, así como cualquier medida que se implemente para estabilizar el sistema de transporte en el AMBA.