En las últimas sesiones del Congreso de Perú, se han aprobado varias leyes que impactan significativamente las finanzas públicas, generando un costo anual de al menos S/11.400 millones. Esta cifra podría aumentar a S/15.000 millones si se consideran otras iniciativas en trámite. El Consejo Fiscal ha alertado sobre el riesgo que estas decisiones representan para la sostenibilidad fiscal del país, ya que se han creado obligaciones de gasto permanente sin fuentes de financiamiento claras.

Entre las leyes aprobadas, destaca la nivelación de pensiones para maestros jubilados, que implica un gasto de S/8.000 millones anuales. También se ha modificado el régimen pensionario de las fuerzas armadas y policiales, con un impacto estimado de S/15.000 millones a largo plazo. Además, se han ampliado los beneficios laborales para trabajadores del régimen CAS, lo que representa un costo adicional de S/3.000 millones anuales. Estas medidas han generado preocupaciones sobre la capacidad del Estado para mantener un equilibrio fiscal en el futuro.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha identificado cinco proyectos en trámite que podrían agravar la situación fiscal. Estos proyectos suman un costo potencial de S/14.834 millones anuales, equivalente al 1,2% del PIB. La primera propuesta es la homologación del incentivo único CAFAE para servidores públicos, que podría costar S/2.621 millones anuales. La segunda iniciativa busca incrementar las remuneraciones de los trabajadores CAS, lo que generaría un costo de S/4.024 millones anuales, aumentando la rigidez del gasto público.

La homologación de remuneraciones de docentes universitarios con las de los magistrados del Poder Judicial también está en la agenda, con un impacto estimado de S/1.917 millones anuales. Por otro lado, la ampliación de gastos deducibles para el impuesto a la renta personal podría reducir la recaudación fiscal en S/2.082 millones anuales, lo que es preocupante en un contexto donde se necesita ampliar la base tributaria. Finalmente, se propone incrementar la participación en la renta de aduana de 3% a 10%, lo que afectaría los ingresos del gobierno central.

La situación fiscal de Perú se complica aún más en un contexto de altos precios de los metales, que normalmente podrían generar superávits fiscales. Sin embargo, la falta de medidas efectivas para aprovechar esta situación ha llevado a un deterioro en la trayectoria fiscal del país. Los inversores deben estar atentos a cómo estas decisiones legislativas afectarán la sostenibilidad de las cuentas fiscales en el corto y mediano plazo, especialmente en un entorno donde la deuda pública podría aumentar y los activos financieros del sector público podrían agotarse rápidamente.