El Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP) ha preparado un informe que se presentará en Brasilia esta semana, en el que cuestiona la necesidad de una nueva alícuota del 12% sobre la exportación de petróleo crudo y del 50% sobre el diésel, establecida por el gobierno de Lula a través de la Medida Provisoria 1.340. Esta medida, publicada en marzo de este año, busca regular el mercado y fomentar el refino interno, pero ha generado controversia entre los principales productores del sector.

El gobierno justificó la nueva alícuota argumentando que es un mecanismo para compartir con el mercado nacional los beneficios derivados de la valorización del petróleo. Sin embargo, el IBP sostiene que el gobierno ya se beneficia de esta valorización a través de los royalties y participaciones que se calculan sobre el precio internacional del barril. Esto ha llevado a la entidad a calificar la medida como una sobrecarga fiscal sin respaldo técnico, que podría comprometer hasta 183 mil millones de dólares en inversiones proyectadas hasta 2031.

El precio del barril de petróleo Brent ha experimentado una notable volatilidad en los últimos meses, pasando de aproximadamente 66 dólares a un máximo de 119,50 dólares en marzo, en medio de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Para mitigar el impacto de estos precios en el mercado interno, el gobierno brasileño ha tomado medidas como la eliminación de las alícuotas de PIS/Cofins sobre el diésel y la implementación de una subvención de 0,32 reales por litro para productores e importadores, con un límite de 10 mil millones de reales.

Desde la perspectiva de los inversores, la crítica del IBP a la nueva alícuota podría generar incertidumbre en el sector energético brasileño. Las empresas del sector ya enfrentan un entorno fiscal complicado, y cualquier medida que incremente la carga impositiva podría desincentivar la inversión en un momento en que el país necesita atraer capital para modernizar su infraestructura energética. Con el barril de Brent proyectado a 90 dólares, se estima que los royalties y participaciones podrían generar 50 mil millones de reales adicionales para el gobierno, superando los 40 mil millones de reales que se obtendrían de la nueva alícuota.

A futuro, será crucial observar cómo el gobierno brasileño responde a las críticas del IBP y si se implementarán cambios en la política fiscal del sector energético. La próxima reunión del gobierno para discutir estas medidas podría tener lugar en las próximas semanas, lo que podría influir en la dirección del mercado y en las decisiones de inversión en el sector energético. Los inversores argentinos, que a menudo siguen de cerca las tendencias en Brasil, deberán estar atentos a estos desarrollos, ya que cualquier cambio significativo podría repercutir en la dinámica del mercado regional.