La recaudación nacional en Argentina sigue en declive, con proyecciones que indican que marzo marcará el octavo mes consecutivo sin superar la inflación. Según estimaciones de consultoras privadas, si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se sitúa en un 3%, los ingresos de marzo caerán un 4,5%. Este escenario se agrava para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, donde los fondos coparticipados también han mostrado una retracción real del 4,3%. En marzo de 2026, el Gobierno nacional giró $5.050 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, en comparación con $3.995 millones enviados en marzo de 2025. Solo la provincia de Salta logró superar la inflación en términos de fondos recibidos, mientras que CABA, Tucumán y La Rioja se encuentran entre las más afectadas.

En el primer trimestre de 2026, las transferencias automáticas totales alcanzaron $16.342 millones, frente a $13.169 millones en el mismo período del año anterior, lo que representa una caída real del 6,4% al descontar la inflación. Esta situación es preocupante, ya que ninguna provincia ni la Ciudad de Buenos Aires logró obtener ingresos que superen el IPC en el primer trimestre. La caída de los ingresos automáticos por coparticipación se produce en un contexto donde, a diferencia de la Nación, que ha mantenido su superávit, las provincias y CABA no han aplicado políticas de control de gastos.

Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) revela que el gasto público provincial ha crecido de manera sostenida en los últimos años. A pesar de que en 2024 las provincias ajustaron sus cuentas públicas, el gasto comenzó a aumentar nuevamente en 2025. Este crecimiento del gasto, combinado con la caída de los ingresos, sugiere que muchas provincias cerraron 2025 con déficit y, de no realizar cambios en sus cuentas públicas, se enfrentarán a déficits aún mayores en 2026. IDESA advierte que estos desequilibrios pueden tener repercusiones significativas en la macroeconomía del país.

Recientemente, el Gobierno nacional emitió el decreto 219, que permite adelantar hasta $400 millones a 12 provincias, con la condición de que estos fondos sean reintegrados durante el año y generen un interés del 15% anual. Aunque esta medida puede ofrecer un alivio temporal, expertos como Nadin Argañaraz han señalado que no resuelve el problema estructural de la necesidad de alinear el aumento del gasto provincial con la inflación esperada para 2026. En este sentido, se estima que la recaudación del IVA y del Impuesto a las Ganancias deberá crecer significativamente para evitar un deterioro fiscal.

Las proyecciones indican que, para que la recaudación de IVA y Ganancias mantenga su nivel real respecto a 2025, el IVA debería crecer un 3,4% real en los próximos nueve meses, mientras que el Impuesto a las Ganancias debería aumentar un 1,1%. Sin embargo, dado el desempeño del primer trimestre, se considera poco probable que estos objetivos se cumplan. Esto sugiere que cualquier aumento en el gasto nominal por encima de la inflación esperada resultará en un deterioro fiscal para las provincias. Además, se anticipa que las provincias podrían aumentar impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, lo que podría agravar los problemas de competitividad en un contexto económico ya desafiante.