Los abogados de los fondos Burford Capital y Eton Park han solicitado a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York una extensión del plazo para apelar el fallo que eximió a Argentina de pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF. Este plazo, que originalmente vencía este viernes, podría ser ampliado debido a las obligaciones profesionales del abogado principal del caso, Paul Clement. La Cámara deberá responder a esta solicitud a más tardar mañana, lo que añade un nuevo capítulo a un litigio que ha captado la atención tanto de inversores como de analistas financieros.

El fallo en cuestión fue emitido a fines de marzo de este año y revocó una decisión anterior de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado a Argentina pagar una suma que representa aproximadamente el 45% del presupuesto nacional. La Cámara de Apelaciones, con un voto de 2 a 1 a favor de Argentina, argumentó que la jueza Preska había interpretado incorrectamente el derecho argentino aplicable al caso, destacando que los estatutos de una empresa no crean obligaciones bilaterales que permitan demandas de daños ante tribunales estadounidenses. Este aspecto es crucial, ya que establece un precedente sobre la interpretación de las leyes de expropiación en Argentina.

La situación se complica aún más para Burford, que adquirió los derechos de litigio de las empresas Petersen por €15,1 millones. Si hubiera ganado el caso, el fondo habría recibido el 70% de la indemnización. Sin embargo, los especialistas en derecho coinciden en que las posibilidades de revertir el fallo son bajas, tanto si optan por la revisión en banc como si deciden llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Este último tribunal acepta menos del 2% de las peticiones que recibe anualmente, lo que hace que la opción de apelar sea aún más incierta.

El impacto inmediato del fallo se reflejó en el mercado, donde las acciones de Burford se desplomaron un 40% en Wall Street y un 46% en Londres. Este colapso bursátil indica que los inversores no tienen confianza en que el fondo pueda revertir la decisión judicial. A pesar de que el tribunal reconoció que Argentina violó los derechos de los accionistas minoritarios de YPF, separó esta valoración de la cuestión jurídica central, lo que subraya la complejidad del caso y su impacto en la percepción de Argentina como un destino de inversión.

Mirando hacia el futuro, la respuesta de la Cámara a la solicitud de prórroga será crucial. Si se concede, podría dar a Burford más tiempo para preparar su apelación, pero las posibilidades de éxito siguen siendo limitadas. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estos acontecimientos, ya que podrían influir en la percepción del riesgo país y en la confianza en el mercado argentino. Además, la situación de YPF y su relación con el gobierno argentino seguirá siendo un tema de interés, especialmente en el contexto de las próximas elecciones y la política económica del país.