El gobierno brasileño ha decidido aumentar el impuesto sobre los cigarros, elevando la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del 2,25% al 3,5%. Esta medida busca compensar la pérdida de ingresos fiscales derivada de la exención de tributos sobre el biodiesel y el queroseno de aviación (QAV), un combustible esencial para el transporte aéreo. Se estima que esta modificación generará aproximadamente R$ 1,2 mil millones en recaudación durante los próximos dos meses, lo que representa un esfuerzo significativo para equilibrar las cuentas públicas en un contexto de creciente presión inflacionaria por el aumento de los combustibles, exacerbada por la guerra en Oriente Medio.

La decisión de aumentar el impuesto sobre los cigarros se enmarca dentro de un paquete más amplio de medidas fiscales. El gobierno ha optado por eliminar las alícuotas del Programa de Integración Social (PIS) y de la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins) sobre el queroseno de aviación, lo que se espera que reduzca el precio del combustible en aproximadamente R$ 0,07 por litro. Sin embargo, esta desgravación tendrá un costo fiscal estimado de R$ 100 millones mensuales, lo que subraya la necesidad de compensar estos ingresos perdidos a través de otras fuentes.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, ha señalado que los aumentos anteriores en el impuesto sobre los cigarros no lograron los resultados esperados en términos de reducción del consumo ni en la ampliación de la recaudación. Este contexto resalta la dificultad del gobierno para equilibrar sus cuentas sin afectar el consumo y la economía en general. Además, se prevé que la recaudación por royalties del petróleo, que ha aumentado significativamente debido a la escalada de precios internacionales, también contribuya a cubrir los gastos derivados de estas nuevas medidas, con una proyección de incremento de R$ 16,7 mil millones en la estimación de ingresos por royalties para 2026.

En términos de impacto fiscal, el gobierno estima que el conjunto de acciones permitirá lograr un superávit primario de R$ 3,5 mil millones para este año, aunque al incluir ciertos gastos, como defensa y educación, se proyecta un déficit primario de R$ 59,8 mil millones. Esto pone de manifiesto la fragilidad de la situación fiscal brasileña, donde cualquier cambio en los ingresos o gastos puede tener repercusiones significativas en el equilibrio presupuestario.

Para los inversores, estas medidas pueden tener implicaciones variadas. Por un lado, el aumento de impuestos puede afectar el consumo y, por ende, las empresas que dependen de la venta de productos de consumo. Por otro lado, la estabilidad fiscal que busca el gobierno podría ser vista como un intento de restaurar la confianza en la economía brasileña. Es crucial monitorear cómo estas medidas impactarán en la inflación y en la recuperación económica del país, especialmente en un contexto donde los precios de los combustibles son volátiles y pueden influir en la actividad económica general. Las próximas semanas serán clave para evaluar la efectividad de estas políticas fiscales y su impacto en el mercado.