Una jueza porteña ha declarado inconstitucional el pago de indemnizaciones en cuotas, un aspecto clave de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La magistrada Viviana Dobarro, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 21, argumentó que esta modalidad de pago es confiscatoria y afecta el derecho de propiedad de los trabajadores. La decisión se produjo en el contexto de un pedido de un Consorcio de Propietarios que buscaba abonar una condena judicial en 12 pagos mensuales, lo que fue rechazado de manera contundente por el tribunal.

El fallo establece que el crédito laboral debe ser abonado en un único pago dentro de los cinco días de notificada la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada. Este pronunciamiento se suma a otros dos fallos similares, uno de la Cámara del Trabajo de Córdoba y otro del Tribunal del Trabajo número 3 de La Plata, que también han cuestionado la reforma laboral. En todos estos casos, los jueces han coincidido en que las reformas no pueden retroceder los derechos fundamentales de los trabajadores ni contradecir el principio de progresividad.

Dobarro enfatizó que no hay justificación para tratar a los acreedores laborales de manera diferente a otros acreedores, lo que pone de manifiesto una posible discriminación en el tratamiento de deudas laborales. La jueza también argumentó que el pago en cuotas es una medida que vulnera el principio protectorio consagrado en la Constitución Nacional, ya que otorga un trato más favorable a la deudora en lugar de proteger al acreedor, quien es el sujeto de preferente tutela constitucional.

Este fallo tiene implicancias significativas para el contexto laboral en Argentina, especialmente para los trabajadores que buscan cobrar indemnizaciones. La decisión reafirma la protección de los derechos laborales y podría influir en futuras decisiones judiciales relacionadas con la reforma laboral. Además, podría generar un efecto disuasorio para empleadores que intenten utilizar la nueva ley para fraccionar pagos de indemnizaciones, lo que a su vez podría afectar la dinámica laboral en el país.

A futuro, es importante monitorear cómo este fallo impactará en la implementación de la reforma laboral y si el Gobierno buscará modificar la legislación en respuesta a estas decisiones judiciales. La Corte Suprema de Justicia también podría verse involucrada si se presentan apelaciones, lo que podría extender el debate sobre los derechos laborales en Argentina. La situación es dinámica y podría tener repercusiones en el clima de inversión y en la relación entre empleadores y empleados en el país.