Dario Durigan, quien asumió como nuevo ministro de la Fazenda hace quince días, se encuentra en una posición complicada debido a la fuerte presión sobre las cuentas públicas de Brasil. Desde su llegada, ha tenido que lidiar con desafíos fiscales estructurales heredados de la administración de Fernando Haddad, así como con demandas emergentes propias de un año electoral. En sus primeros días, Durigan anunció un bloqueo de R$ 1,6 mil millones en el presupuesto de 2026, un monto que analistas consideran modesto frente a la necesidad de cumplir con el arcabouço fiscal. Este bloqueo es esencial para gestionar el crecimiento de las despesas obrigatórias, que deben mantenerse dentro de un límite de crecimiento real de hasta 2,5% por encima de la inflación.

A pesar de que la administración proyecta un superávit primario de solo R$ 3,5 mil millones, el panorama se complica al incluir gastos extraordinarios, como precatorios, lo que lleva a una proyección de déficit primario de R$ 59,8 mil millones. Esta situación refleja la dificultad del gobierno para cumplir con sus propias metas fiscales, lo que ha generado preocupación entre los analistas y el mercado. La fragilidad del arcabouço fiscal y el aumento de la deuda pública, que alcanzó el 78,7% del PIB, han comprometido la confianza en la política económica del país.

Además de las medidas de contención de gastos, Durigan está trabajando en políticas de impacto inmediato, como la creación de un subsidio al diesel importado, que costará aproximadamente R$ 3 mil millones. Este subsidio busca mitigar el impacto del aumento de los precios internacionales del petróleo y se espera que se implemente en breve, tras el regreso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de sus viajes por Brasil. La medida tiene como objetivo controlar la inflación y evitar un aumento significativo en los costos de transporte y productos derivados del combustible.

El nuevo ministro también se enfrenta al desafío de la creciente inadimplencia, que ya consume más del 27% de los ingresos mensuales de las familias brasileñas. Aunque las medidas de renegociación de crédito no generarían costos inmediatos para las cuentas públicas, cualquier expansión de subsidios al crédito podría agravar la situación fiscal. Asimismo, se rumorea que podría haber una reducción en la tasa de impuestos sobre compras del exterior, lo que también podría impactar negativamente en la recaudación fiscal, que el año pasado alcanzó R$ 5 mil millones.

La situación actual presenta un dilema para Durigan: por un lado, debe cumplir con las exigencias de austeridad fiscal y, por otro, atender las necesidades emergentes de la población en un año electoral. Con un horizonte fiscal estrecho y medidas de emergencia ya en marcha, su principal desafío será reconstruir la credibilidad de las cuentas públicas sin comprometer el crecimiento económico. A medida que se desarrollan estos eventos, será crucial observar cómo el gobierno maneja su política fiscal en el corto y mediano plazo, especialmente con las elecciones a la vista y la presión de los sectores económicos.