El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha implementado un nuevo paquete de medidas para contener el aumento de los precios de los combustibles en Brasil, en respuesta a la crisis provocada por la guerra en Irán. Este anuncio se realizó el 6 de abril de 2026 y busca mitigar el impacto de la escalada de precios en un año electoral, donde la inflación se ha convertido en un tema crítico. Entre las medidas más destacadas se incluye una subvenção adicional al diesel, que se suma a las ya anunciadas en marzo, así como la creación de subsidios para la importación de gas de cocina y la eliminación de impuestos sobre el biodiesel y el queroseno de aviación.

En marzo, el gobierno había introducido una exención de impuestos sobre el diesel y un subsidio de R$ 0,32 por litro, pero los efectos de estas medidas no se han reflejado completamente en los precios al consumidor, debido a la falta de adhesión de tres grandes empresas del sector que controlan la mitad de las importaciones privadas de diesel. Con el nuevo paquete, el gobierno espera aliviar la presión inflacionaria, que ha sido exacerbada por el conflicto en el Medio Oriente, que ha llevado a un aumento en los precios del petróleo. El petróleo WTI cerró recientemente a USD 112,41 por barril, mientras que el Brent alcanzó USD 109,77, lo que representa un aumento significativo desde el inicio de los ataques en febrero.

El paquete de medidas tiene un costo estimado de R$ 4 mil millones, con un subsidio adicional de R$ 0,80 por litro para el diesel nacional y R$ 1,20 para el diesel importado. Este subsidio será financiado en partes iguales por el gobierno federal y los estados, y se espera que dure al menos dos meses. La importancia del diesel en la economía brasileña es notable, ya que es el combustible principal para el transporte de mercancías, lo que significa que su precio afecta indirectamente a otros componentes de la inflación.

Además, el gobierno ha eliminado las alícuotas de PIS y Cofins sobre el biodiesel, lo que podría reducir el costo de este combustible en aproximadamente R$ 0,02 por litro. En cuanto al gas de cocina, se ha anunciado un subsidio de R$ 850 por tonelada de GLP importado, con el objetivo de igualar los precios del gas nacional y extranjero. Esta medida busca aliviar la carga de los hogares más vulnerables, especialmente en un contexto donde el costo del gas ha aumentado considerablemente.

Por último, el gobierno también ha reforzado la fiscalización de los precios de los combustibles, con nuevas penalidades para el aumento abusivo de precios. Esto incluye la creación de un nuevo tipo penal que podría llevar a penas de prisión de hasta cinco años para quienes incurran en prácticas de precios abusivos. A medida que el gobierno Lula se prepara para enfrentar las elecciones, estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para mantener la estabilidad económica y el apoyo popular en un momento de creciente tensión geopolítica y desafíos económicos internos.