La minería en Perú se encuentra en una encrucijada crítica, con un creciente interés en las concesiones mineras en medio de precios récord del oro y el cobre. A octubre de 2025, el país contaba con 19,151 titulares mineros que mantenían derechos sobre 55,783 concesiones, ocupando 20.4 millones de hectáreas, lo que representa el 17% del territorio nacional. Sin embargo, la minería ilegal ha proliferado, impulsada por la falta de acción gubernamental efectiva para contenerla. Esto ha llevado a que varios candidatos a la presidencia del Perú presenten propuestas que podrían modificar la Ley General de Minería, lo que podría tener un impacto significativo en el sector y en la inversión extranjera.

Recientemente, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que busca reducir los plazos de caducidad de las concesiones mineras y aumentar los costos asociados. Esta medida se enmarca en un contexto donde el avance de la minería ilegal ha sido alarmante, y muchos de los candidatos parecen estar más enfocados en facilitar la minería informal que en fortalecer el marco regulatorio que atrae inversiones legítimas. De los 35 planes de gobierno analizados, alrededor de la mitad incluye propuestas que podrían desincentivar la inversión formal en el sector.

Entre las propuestas más preocupantes se encuentra la de Roberto Sánchez, quien sugiere reducir el tiempo de caducidad de las concesiones de 30 años a solo 4 o 5 años para la pequeña minería y minería artesanal. Esta medida podría facilitar la entrega de concesiones a mineros informales, exacerbando la situación de la minería ilegal. Asimismo, Jorge Nieto propone reformas que permitirían la revocación de concesiones que no cumplan sus objetivos, lo que podría generar incertidumbre en el sector y desincentivar la inversión a largo plazo.

El impacto de estas propuestas en el sector minero es significativo. Expertos advierten que la reducción de los plazos de concesiones podría favorecer a los mineros ilegales, quienes no tienen que cumplir con los mismos requisitos que los operadores formales. Esto podría resultar en una mayor invasión de concesiones y un debilitamiento del marco legal que protege la inversión en minería. Además, la falta de un marco regulatorio claro podría disuadir a los inversores extranjeros, que son cruciales para el desarrollo de proyectos mineros en el país.

A medida que se acercan las elecciones del 12 de abril, es fundamental monitorear cómo estas propuestas evolucionan y qué impacto tendrán en el sector minero. La incertidumbre en el marco regulatorio podría afectar no solo a la minería en Perú, sino también a la percepción de los inversores en toda la región, incluyendo a Argentina, donde la minería también juega un papel importante en la economía. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de la minería en Perú y su capacidad para atraer inversiones necesarias para su desarrollo sostenible.