Telefónica ha logrado reducir en un 25% sus provisiones para conflictos fiscales con la Hacienda española, pasando de 480 millones a 362 millones de euros en 2025. Este descenso de 118 millones se debe a la resolución favorable de varios litigios y a una gestión más eficiente de las actas de inspección, lo que ha permitido a la operadora liberar recursos que anteriormente estaban bloqueados por el riesgo de litigio. Esta mejora en la situación fiscal de la compañía es un indicativo de su capacidad para manejar de manera efectiva sus obligaciones tributarias.

En la última década, Telefónica ha recuperado un total de 2.500 millones de euros en litigios fiscales, lo que ha sido crucial para reducir su deuda y mejorar sus balances financieros. Entre los conflictos resueltos, destaca un fallo judicial que respalda la normativa europea sobre beneficios fiscales aplicados a grandes corporaciones. La justicia ha confirmado la posición de la Hacienda española, lo que ha permitido a Telefónica acceder a 334 millones de euros en créditos fiscales, fortaleciendo así su balance y reduciendo su perfil de riesgo fiscal a largo plazo.

Otro aspecto relevante en 2025 ha sido la ejecución de sentencias favorables relacionadas con cambios legislativos previos que fueron declarados inconstitucionales. Telefónica recibió un pago de 43 millones de euros por la ejecución parcial de una sentencia de la Audiencia Nacional, que abordó la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 3/2016. Este fallo ha permitido a la operadora recuperar 39,5 millones de euros por ingresos indebidos y 17 millones más por retenciones en el impuesto de sociedades del ejercicio 2024, lo que representa una inyección directa de caja.

A pesar de estos avances, la relación de Telefónica con la Agencia Tributaria sigue siendo tensa, ya que existen conflictos abiertos que justifican la provisión de 362 millones de euros. Recientemente, un procedimiento de inspección que abarcó los años 2018 a 2021 concluyó con resultados mixtos. Aunque se firmaron actas de acuerdo en temas menores, la compañía ha expresado su disconformidad en puntos clave que son fundamentales para el conflicto pendiente. Esto sugiere que, a pesar de los logros, la incertidumbre sobre futuros litigios fiscales persiste.

La gestión de activos fiscales también es un punto a considerar. Telefónica mantiene un volumen considerable de bases imponibles negativas pendientes de aplicar, que asciende a 2.145 millones de euros a finales de 2025. Esto le proporciona un colchón fiscal para compensar futuros beneficios o posibles ajustes de Hacienda. Sin embargo, el principal foco de disputa sigue siendo la deducibilidad fiscal del fondo de comercio generado por las adquisiciones de Vivo en Brasil y O2 en el Reino Unido, lo que podría tener implicaciones significativas en su estrategia fiscal a largo plazo. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estos conflictos, ya que podrían influir en la estabilidad financiera de la empresa en el futuro.