El 1 de abril, la Secretaría de Hacienda de México presentó al Congreso los Precriterios de Política Económica para 2027, un documento que establece la visión del gobierno sobre la economía y las finanzas públicas para el próximo año. Según este informe, se espera que los Requerimientos Financieros del Sector Público disminuyan del 4.9% del PIB en 2026 al 3.5% en 2027, con un balance primario que pasaría a ser positivo. A primera vista, estos datos parecen ofrecer un panorama alentador, pero el contexto económico plantea serias dudas sobre la viabilidad de estas proyecciones.

Uno de los puntos más críticos es la expectativa de crecimiento económico que Hacienda ha fijado entre 1.9% y 2.9% para 2027. Sin embargo, tanto la OCDE como Banxico tienen proyecciones más conservadoras, estimando crecimientos de solo 1.7% y 2.0%, respectivamente. Este desacuerdo en las proyecciones de crecimiento genera incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas de reducción del déficit, ya que un crecimiento más bajo implicaría menores ingresos fiscales y mayores presiones para aumentar el gasto.

Además, la reducción del déficit proyectada para 2027 depende en gran medida de un recorte significativo en el gasto programable, que se estima en 259,500 millones de pesos, equivalente a una caída del 6.8% en términos reales respecto a 2026. Este ajuste no se logrará eliminando las presiones inerciales del gasto, sino que dependerá de decisiones presupuestarias que afecten áreas como inversión y operación gubernamental. La promesa de proteger la inversión estratégica es un punto a favor del plan, pero la ejecución efectiva de estos proyectos es crucial para evitar un deterioro en la calidad de los servicios públicos.

La situación de Pemex también sigue siendo un factor de riesgo. Aunque los Precriterios suponen ahorros por amortización de deuda, estos son temporales y no resuelven la fragilidad estructural que representa la petrolera para las finanzas públicas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que la senda de consolidación fiscal propuesta no es suficiente para garantizar una reducción firme de la deuda, que podría alcanzar el 61.5% del PIB hacia 2030 si no se implementan medidas más contundentes.

A medida que se acerca el año electoral en México, la presión para aumentar el gasto podría intensificarse, lo que complicaría aún más el cumplimiento de las metas fiscales. Los inversores deben estar atentos a cómo el gobierno maneja estas tensiones y si logra mantener la disciplina fiscal en un entorno de bajo crecimiento y presiones inflacionarias. La próxima revisión de las proyecciones económicas y la presentación del presupuesto para 2027 serán momentos clave para evaluar la dirección futura de la política fiscal en el país.