Los industriales de la provincia de Buenos Aires han expresado su preocupación por un año marcado por cierres severos en el sector manufacturero. Según un industrial que prefirió mantenerse en el anonimato, "hasta el año pasado atravesamos fuertes dificultades, este año será de cierres severos". Este pronóstico sombrío se basa en un contexto de actividad económica que no encuentra un piso, con acceso limitado al crédito, competencia desleal por importaciones y márgenes de rentabilidad que se han vuelto prácticamente nulos.

Ante esta situación crítica, los industriales están preparando un pedido formal al gobernador Axel Kicillof para la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos que afecta a la producción fabril. Argumentan que esta carga impositiva erosiona su competitividad frente a una avalancha de importaciones que resulta "imposible" de enfrentar. Este sector, que representa el 14% de la recaudación provincial y más del 20% del PBI de Buenos Aires, se siente asfixiado por una presión tributaria que consideran excesiva, a pesar de su contribución significativa a la economía.

El proyecto que están elaborando incluye una propuesta para trasladar el cobro del impuesto al punto final de venta, lo que permitiría neutralizar la evasión en el último eslabón de la cadena comercial. De esta manera, se busca que toda la economía llegue al mostrador con la misma carga tributaria, liberando así a las fábricas del costo hundido que actualmente las asfixia. Sin embargo, esta estrategia se enfrenta a la dura realidad de la situación financiera de la provincia, donde la deuda ya representa el 90% de los ingresos provinciales, y los bonos se cotizan con rendimientos del 13,4%, lo que refleja una fragilidad fiscal alarmante.

Además de la eliminación del impuesto, los industriales están considerando la judicialización de las tasas municipales que consideran confiscatorias. Un ejemplo de esto es la reciente subida de la Tasa Ambiental en Pilar, que grava a grandes comercios y supermercados con una alícuota del 2% sobre el valor neto de IVA de los tickets de compra. Este tipo de cargas, sumadas a otras tasas como la de Seguridad e Higiene, pueden elevar la carga tributaria total hasta un 6,5% en jurisdicciones clave, lo que se traduce en un peso financiero que muchos consideran insostenible en un contexto donde las empresas apenas logran cubrir sus costos operativos.

La situación se complica aún más por la falta de respuesta del Gobierno nacional ante los reclamos del sector. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha cerrado la puerta a cualquier intervención que mejore la competitividad exportadora, argumentando que el modelo de especialización de Australia no requiere de una devaluación para ser competitivo. Esta postura ha generado un descontento creciente entre los industriales, quienes sienten que el optimismo financiero del gobierno no refleja la dura realidad que enfrentan en sus fábricas. La falta de rentabilidad es un tema tabú que muchos empresarios evitan discutir, a pesar de que la situación es crítica.

En este contexto, los industriales deben navegar un entorno de costos operativos en aumento, con precios de servicios energéticos que se disparan y una carga tributaria que no cede. Las pymes han intentado absorber estos costos sin trasladarlos a precios, pero las ventas han caído drásticamente. La combinación de importaciones, tensiones en la cadena de pagos y una feroz competencia interna está llevando a muchas empresas al borde del colapso. De cara al futuro, será crucial observar cómo evoluciona la respuesta del gobierno provincial y nacional a estas demandas, así como la reacción del sector ante un panorama que se torna cada vez más desafiante.