Dario Durigan, quien asumió como nuevo ministro de la Fazenda de Brasil hace diez días, se enfrenta a una situación fiscal complicada. En sus primeros días en el cargo, anunció un bloqueo de R$ 1,6 mil millones en el presupuesto de 2026, una medida considerada insuficiente por analistas, dado el contexto de presión sobre las cuentas públicas. Este bloqueo es parte de un esfuerzo por cumplir con el arcabouzo fiscal, que establece un límite de crecimiento real de gastos del 2,5% por encima de la inflación. Sin embargo, la situación es crítica, ya que el gobierno proyecta un superávit primario de solo R$ 3,5 mil millones, mientras que, al incluir gastos fuera del marco fiscal, se anticipa un déficit primario de R$ 59,8 mil millones.

La presión sobre las finanzas públicas no solo proviene de los desafíos estructurales heredados de la administración de Fernando Haddad, sino también de las demandas emergentes típicas de un año electoral. Durigan ha comenzado a articular medidas de impacto inmediato, como la creación de un subsidio al diesel importado, que costará aproximadamente R$ 3 mil millones, y un paquete para abordar la creciente inadimplencia que afecta a más del 27% de los ingresos mensuales de las familias brasileñas. Este contexto resalta la dificultad del gobierno para equilibrar las cuentas y cumplir con sus metas fiscales.

El nuevo ministro también ha propuesto cambios estructurales en el sistema tributario, como la automatización de la declaración del Impuesto de Renta, lo que podría simplificar el proceso, aunque no necesariamente aumentará los ingresos del gobierno. La fragilidad del arcabouzo fiscal y el aumento de la deuda pública, que ha alcanzado el 78,7% del PIB, generan incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas. La economista Virene Matesco ha señalado que la falta de cumplimiento de las metas fiscales establecidas por el gobierno es un problema crítico que afecta la credibilidad de la política económica.

Por su parte, André Nassif, economista de la Universidad Federal Fluminense, argumenta que las metas fiscales establecidas por la administración anterior eran excesivamente ambiciosas. La meta de déficit cero para 2024 y un superávit primario de 0,5% del PIB para 2025 se han visto cuestionadas, y el gobierno ha tenido que ajustar estas proyecciones. La reducción de la meta de superávit para 2026 a 0,25% del PIB ha generado malestar en los mercados financieros, que esperaban un compromiso más claro para reducir el déficit fiscal.

De cara al futuro, el principal desafío de Durigan será restaurar la credibilidad de las cuentas públicas sin comprometer el crecimiento económico. Con medidas emergenciales ya en marcha y un margen fiscal estrecho, el nuevo ministro deberá encontrar un equilibrio entre la contención del gasto y la necesidad de inversión pública. La situación actual plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para generar un crecimiento económico sostenible, especialmente en un contexto donde los gastos obligatorios continúan creciendo y limitan el espacio para nuevas inversiones. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo Durigan maneja estos desafíos y qué medidas adicionales se implementarán para estabilizar la economía brasileña.