La subfacturación de importaciones en el sector textil argentino ha alcanzado niveles alarmantes, con un 76% de las importaciones registradas a precios significativamente inferiores a los del mercado. Este fenómeno se ha intensificado desde la eliminación de controles aduaneros y barreras de calidad por parte del Gobierno. Un informe revela que en algunos casos, prendas que en 2023 se importaban a 21 dólares ahora se declaran a tan solo 1 dólar, lo que pone en evidencia una competencia desleal que afecta gravemente a la industria local.

El informe detalla que, en ciertos segmentos, la subfacturación llega hasta el 91% del volumen total. Por ejemplo, en el caso de las materias primas, la subfacturación alcanza el 75%, mientras que en hilados es del 81% y en tejidos de punto llega al 93%. Esta situación ha llevado a que miles de empresas importen productos a precios irrisorios, como remeras registradas a 0,01 dólares, lo que representa un costo de solo 14 pesos argentinos. Este tipo de maniobras no solo perjudica a los fabricantes locales, sino que también tiene un impacto fiscal significativo, ya que reduce la recaudación de derechos de importación y otros impuestos.

La caída en la recaudación fiscal ha obligado al Gobierno a implementar ajustes en sectores sensibles como la salud y la educación. En marzo, los derechos de importación y la tasa estadística sufrieron una caída interanual del 17,3%, lo que refleja el impacto directo de la subfacturación en las finanzas públicas. La actividad del sector industrial también se ha visto afectada, con una caída del 3% interanual en febrero, marcando ocho meses consecutivos de retroceso. Esto plantea un escenario preocupante para la economía argentina, donde la falta de competitividad y el contrabando se suman a los desafíos existentes.

Desde el ámbito industrial, se ha hecho un llamado al Gobierno para que intervenga y regule esta situación, pero hasta ahora no ha habido respuesta. La apertura comercial promovida por el presidente Javier Milei parece estar priorizando la liberalización del mercado por encima de la protección de la industria local. Los empresarios advierten que la falta de atención a estas cuestiones podría llevar a un deterioro aún mayor de la capacidad productiva del país, lo que a su vez podría afectar el empleo y la inversión en el sector.

A futuro, será crucial observar cómo el Gobierno aborda la problemática de la subfacturación y si implementa medidas para equilibrar la competencia en el mercado. La situación actual podría llevar a un aumento en la presión sobre la industria local, lo que podría traducirse en un mayor desempleo y una caída en la inversión. Además, la evolución de la recaudación fiscal será un indicador clave para medir el impacto de estas prácticas en la economía argentina en los próximos meses.