El ministro de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, Louis de Grange, anunció modificaciones al reglamento de la ‘Ley Uber’, que busca mejorar la regulación de las aplicaciones de transporte. En una reciente entrevista, de Grange indicó que la nueva normativa se publicará tras consultas con la Contraloría, que ya había aprobado la versión anterior. Este cambio es significativo, ya que el reglamento actual ha sido criticado por sus exigencias, como la cilindrada mínima de 1.400 cm3 y la antigüedad de los vehículos, que se consideran excesivas por muchos actores del sector.

De Grange argumenta que el reglamento vigente no solo afecta a los conductores de aplicaciones, sino también a los usuarios y las comunidades. Según sus proyecciones, la implementación de los nuevos cambios podría aumentar el empleo en el sector en un 9,3%. Este dato es relevante en un contexto donde el desempleo y la informalidad laboral son preocupaciones constantes en la economía chilena. Los cambios propuestos buscan, además, mantener la conectividad en áreas periféricas y evitar aumentos en las tarifas de los servicios de transporte.

Sin embargo, la respuesta política ha sido dividida. Parlamentarios de diferentes bancadas han expresado opiniones encontradas sobre la urgencia y la naturaleza de los cambios. Por un lado, algunos, como el diputado Ignacio Achurra del Frente Amplio, defienden la necesidad de elevar los estándares de seguridad y equiparar las exigencias entre taxis y aplicaciones. Achurra menciona que el reglamento actual permite un tiempo de transición para vehículos de hasta 10 años, lo que contradice la percepción de que las restricciones son demasiado severas.

Por otro lado, otros legisladores, como Marlene Pérez de la UDI, advierten que la rigidez de las nuevas normas podría llevar a una reducción significativa en la cantidad de viajes, afectando a los usuarios y a los conductores que dependen de estas plataformas para su sustento. La preocupación por el impacto en el empleo es un tema recurrente en el debate, con varios diputados sugiriendo que se deben considerar mecanismos de apoyo para quienes trabajan en estas aplicaciones.

La incertidumbre en torno a la implementación de la nueva ley ha sido un tema candente desde su promulgación en abril de 2023. La falta de un reglamento claro ha dejado a muchos conductores en una situación precaria, expuestos a multas arbitrarias y a la falta de certezas sobre su futuro laboral. A medida que el gobierno se prepara para publicar el nuevo reglamento, se espera que se establezcan plazos concretos para su implementación, lo que podría traer estabilidad a un sector que ha estado en la cuerda floja por meses. La discusión sobre este reglamento no solo afecta a Chile, sino que también puede tener repercusiones en la región, dado que otros países de América Latina están observando cómo se manejan estas regulaciones.