La industria automotriz de Estados Unidos está proponiendo una nueva tarifa vehicular para reemplazar el impuesto federal sobre la gasolina, que ha permanecido sin cambios desde 1993. Esta propuesta surge en un contexto donde el aumento de los vehículos eléctricos (EV) y el incremento en los precios de la gasolina han reducido significativamente los ingresos del Fondo de Confianza de Carreteras, que financia la infraestructura vial en el país. Actualmente, el precio promedio de la gasolina en EE.UU. supera los 4 dólares por galón, lo que ha llevado a un aumento en el interés por los vehículos eléctricos, que no contribuyen al impuesto sobre la gasolina.

Desde 1993, el impuesto federal sobre la gasolina ha sido del 18.4% por galón, pero su recaudación ha disminuido en las últimas tres décadas debido a la inflación y al creciente uso de vehículos eléctricos. En la actualidad, los EV representan aproximadamente el 2.5% de todos los vehículos ligeros en operación en EE.UU., mientras que la cuota de mercado de los vehículos de combustión interna ha disminuido en 24 puntos porcentuales desde 2016. La propuesta de la industria automotriz, liderada por la Alianza para la Innovación Automotriz, sugiere que una tarifa basada en el peso de cada vehículo podría garantizar que todos los automóviles contribuyan al mantenimiento de las carreteras.

El análisis más reciente de la Alianza indica que a finales de marzo había 164 modelos eléctricos disponibles en el mercado estadounidense. Aunque las ventas de EV cayeron el año pasado, representaron el 9.6% de las ventas de vehículos ligeros nuevos en 2025. Además, se ha observado un aumento del 20% en las búsquedas en línea de vehículos eléctricos desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, lo que sugiere un cambio potencial en la demanda hacia estos vehículos más sostenibles. La propuesta de la tarifa basada en el peso busca resolver el problema de ingresos decrecientes del fondo, que se estima podría quedar insolvente para 2028 si no se implementan cambios significativos.

Para los inversores, esta situación presenta un panorama mixto. Por un lado, el aumento en la adopción de vehículos eléctricos podría beneficiar a los fabricantes de automóviles que están invirtiendo en tecnologías sostenibles. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo se implementará esta nueva tarifa y su impacto en los precios de los vehículos podría influir en las decisiones de compra de los consumidores. Además, el costo de la infraestructura vial podría aumentar si la tarifa no se establece de manera efectiva, lo que podría afectar a los presupuestos estatales y locales.

A futuro, será importante observar cómo se desarrolla el debate sobre esta propuesta en el Congreso de EE.UU. y si se implementará antes de que el fondo de carreteras se vuelva insolvente. Los próximos meses serán cruciales, ya que el gobierno federal deberá abordar la crisis de financiamiento del fondo y decidir si adoptará un enfoque más sostenible para la infraestructura del país. La transición hacia una economía más verde y la necesidad de mantener las carreteras en condiciones adecuadas son temas que seguirán en la agenda política y económica de EE.UU., y que podrían tener repercusiones en la región, incluyendo a países como Argentina, que también están explorando la adopción de tecnologías más limpias.