La reciente escalada en los precios de los combustibles y fertilizantes, impulsada por la prolongación del conflicto en Medio Oriente, está generando un impacto significativo en los costos de la campaña agrícola actual y en las proyecciones para el próximo ciclo. Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, el gasoil tipo grado 2 ha experimentado un aumento del 22%, mientras que el precio de la urea ha subido un 42%. Estos incrementos están afectando directamente los costos de cosecha y transporte, lo que podría llevar a recortes en el área de siembra de trigo en el futuro cercano.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) ha señalado que el aumento en el precio del gasoil repercute en el costo de las labores de cosecha y de los fletes, proyectando un alza del 3,3% en los costos de trilla y entre un 6% y un 7% en el transporte de cargas. A medida que el conflicto se extiende, se anticipa que estos efectos se amplifiquen en la campaña fina 2026/27, donde el costo de producción podría aumentar entre un 9,5% y un 11%, dependiendo de la distancia al puerto. Esto es especialmente preocupante para los productores de maíz en zonas alejadas, donde el costo del flete representa un porcentaje mayor del precio final del producto.

El informe de la SRA también destaca que el impacto del aumento del gasoil no es uniforme en todo el país, ya que varía según la carga tributaria de cada provincia y los costos logísticos. Por ejemplo, para los productores de maíz ubicados a más de 1100 km de los puertos, el costo del flete ha pasado de representar el 40% al 43% del precio del maíz. En el caso de la soja, aunque su ponderación es menor, también se proyectan aumentos en los costos de transporte, lo que podría afectar la competitividad de Argentina en el mercado internacional.

En respuesta a este panorama, el Gobierno argentino ha tomado medidas que podrían beneficiar a la agroindustria. La resolución 79 permite a las refinadoras incrementar el corte de bioetanol en las naftas, lo que podría aumentar la demanda de granos y derivados. Aunque esta decisión fue impulsada por la urgencia del contexto internacional, representa una señal positiva para el sector agroindustrial, que podría beneficiarse de un mayor uso de biocombustibles. Sin embargo, la falta de un marco legal más sólido para la industria de biocombustibles en Argentina contrasta con las políticas más consistentes de países como Brasil y Estados Unidos, donde el uso de biocombustibles está más integrado en la matriz energética.

A futuro, los productores argentinos deben estar atentos a la evolución de los precios de los combustibles y fertilizantes, así como a las políticas gubernamentales que puedan influir en el sector agroindustrial. La posibilidad de un nuevo proyecto de ley sobre biocombustibles que reemplace la normativa actual podría ser crucial para el desarrollo de la bioeconomía en el país. Además, la competencia internacional en el mercado de biocombustibles, especialmente con Brasil y Estados Unidos, podría poner presión sobre la posición de Argentina como líder en la exportación de productos agrícolas. Las decisiones estratégicas en este contexto serán fundamentales para mitigar los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que puedan surgir.