El equilibrio fiscal se ha convertido en el eje central del programa económico del Gobierno de Javier Milei desde finales de 2023. Sin embargo, un reciente informe de PwC ha señalado que al menos tres iniciativas legislativas podrían poner en peligro la meta oficial de alcanzar un superávit primario del 1,5% del PBI para este año. Este análisis destaca que el impacto fiscal de estas normas podría resultar en una pérdida significativa de recursos o un aumento del gasto público, lo que complica aún más el ajuste fiscal que el Ejecutivo ha establecido como su principal ancla macroeconómica.

La primera de estas iniciativas es la reforma laboral, que ya ha generado un costo fiscal directo equivalente al 0,15% del PBI. Este costo proviene principalmente de la eliminación de ciertos impuestos internos y de una menor recaudación asociada al nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos. PwC advierte que, si se aplican las alícuotas máximas previstas en la normativa, el impacto podría aumentar hasta el 0,18% del PBI, lo que representa una presión adicional sobre las finanzas públicas en un momento crítico.

La segunda ley en cuestión es la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que fue sancionada en 2025 pero que actualmente no está siendo cumplida por el Gobierno. PwC estima que el costo fiscal de esta ley podría ascender a 0,23% del PBI, cifra que coincide con las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esta ley contempla la restitución de transferencias a universidades nacionales a valores reales de 2023, pero su aplicación plena está en suspenso debido a que se encuentra judicializada. El Gobierno ha propuesto una alternativa que tendría un menor impacto fiscal, pero aún no se ha formalizado.

El tercer punto crítico es la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, también sancionada en 2025. Según PwC, el impacto fiscal de esta norma podría variar entre 0,25% y 0,48% del PBI. Aunque la ley ya ha sido reglamentada, el Gobierno ha indicado que está considerando una contrapropuesta que aún no se ha presentado oficialmente. Tomando como referencia el punto medio de este rango, PwC proyecta que el efecto agregado de estas tres leyes podría generar una presión fiscal acumulada cercana al 0,75% del PBI en 2026, un número que es relevante si se considera la meta de superávit que sostiene el Ejecutivo.

A pesar de este panorama desafiante, el informe de PwC también identifica variables que podrían ayudar a compensar el impacto fiscal negativo. Uno de los principales factores es la reducción de subsidios energéticos, que ha estado disminuyendo a un ritmo de 0,5 puntos del PBI por año desde 2023. Esta tendencia se refuerza con el esquema de subsidios focalizados que se implementó en febrero de 2026. Además, se han registrado ingresos extraordinarios por privatizaciones y concesiones, como los recursos equivalentes a 0,12% del PBI obtenidos por la adjudicación de represas hidroeléctricas del Comahue en enero. También se anticipan avances en licitaciones o ventas de activos estatales, que podrían aportar aproximadamente US$783 millones, equivalentes a 0,13% del PBI. PwC estima que en 2026 podría haber una reducción adicional de 0,1% del PBI, aunque advierte que el espacio para profundizar esta vía se está reduciendo.

Por último, la disminución del gasto en salarios del sector público podría ofrecer un alivio adicional, aunque el margen es limitado. En 2025, la masa salarial de la administración nacional representó el 1,9% del PBI, uno de los niveles más bajos en la última década, tras una caída acumulada de 0,7 puntos entre 2023 y 2025. También se ha observado una reducción del 18,8% en la dotación de personal entre noviembre de 2023 y enero de 2026. En conclusión, aunque la combinación de menores subsidios, privatizaciones y recortes salariales podría generar un impacto fiscal positivo de hasta 0,85% del PBI, suficiente para compensar el costo potencial de las tres leyes, el desafío será no solo económico, sino también político. El Gobierno deberá mantener el ajuste mientras enfrenta presiones legislativas y sociales por el cumplimiento de normas ya aprobadas.