En Perú, la reciente revisión de 35 planes de gobierno ha revelado que nueve partidos políticos están proponiendo la creación o fortalecimiento de empresas públicas. Esto ocurre en un contexto donde la situación financiera de la petrolera estatal Petroperú genera incertidumbre. La propuesta más destacada proviene del partido Venceremos, que busca nacionalizar Telefónica del Perú y crear una nueva empresa pública llamada TelPerú. Esta iniciativa se suma a otras propuestas que buscan eliminar las restricciones constitucionales que limitan la intervención del Estado en sectores estratégicos.

La historia de las empresas públicas en Perú no es alentadora. Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), en los últimos diez años, las empresas públicas han acumulado pérdidas equivalentes al 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Además, el desempeño de estas empresas ha sido irregular, con rentabilidades negativas en sectores como hidrocarburos y servicios. La situación de Petroperú, que ha enfrentado problemas financieros significativos, ha exacerbado este panorama, lo que lleva a cuestionar la viabilidad de nuevas empresas estatales.

Los economistas advierten que la creación de nuevas empresas públicas podría replicar los errores del pasado, especialmente si se considera el contexto fiscal actual de Perú. En la década de 1980, el país experimentó una crisis severa que resultó en hiperinflación, en parte debido a las presiones fiscales generadas por empresas estatales ineficientes. La falta de un gobierno corporativo adecuado en las empresas públicas actuales, como lo demuestra el caso de Petroperú, plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para administrar eficientemente nuevos proyectos empresariales.

Desde la perspectiva de los inversores, la nacionalización de empresas privadas existentes podría resultar en una fuga de capitales y un desincentivo a la inversión. La experiencia internacional sugiere que la intervención estatal en la economía, sin un marco regulatorio sólido y una competencia efectiva, puede llevar a la ineficiencia y a un deterioro en la calidad del servicio. En este sentido, fortalecer la regulación y la competencia en el sector privado podría ser una alternativa más viable que la creación de nuevas empresas públicas.

A futuro, los inversores deben estar atentos a las decisiones políticas que se tomen en relación con estas propuestas. Las elecciones presidenciales y la evolución de los planes de gobierno serán cruciales para entender cómo se desarrollará el entorno económico en Perú. La posibilidad de que se implementen reformas constitucionales para facilitar la creación de empresas estatales podría tener implicaciones significativas para el clima de inversión en el país, especialmente en un contexto donde la economía ya enfrenta desafíos estructurales y fiscales.