Los gastos del gobierno brasileño en sentencias judiciales se proyectan para disminuir en R$ 27 mil millones en 2027, pasando de R$ 71,9 mil millones en 2026 a R$ 44,9 mil millones. Esta reducción es vista como un alivio para la presión sobre la deuda pública, aunque el Ejecutivo mantiene cautela ante la posibilidad de futuros aumentos. La disminución se debe a un incremento en los acuerdos judiciales, que han permitido al gobierno manejar mejor sus obligaciones financieras.

El Ministerio de Planeamiento y Presupuesto de Brasil ha indicado que la reducción en los gastos se concentra en condenas superiores a 60 salarios mínimos, mientras que las Requerimientos de Pequeño Valor (RPVs), que son pagos por debajo de este umbral, aún no tienen cifras definitivas para 2027. En 2025, los pagos de RPVs alcanzaron R$ 34,9 mil millones, lo que representa una caída real del 4,1% en comparación con 2024. Para el presente ejercicio, el presupuesto asigna R$ 44,15 mil millones, de los cuales R$ 5,4 mil millones ya han sido ejecutados.

La tendencia indica que, para 2027, el total de gastos por sentencias judiciales podría rondar los R$ 100 mil millones, una disminución significativa respecto a los R$ 121 mil millones de este año. Este cambio ha sido atribuido a un aumento en el número de acuerdos judiciales alcanzados por el gobierno en los últimos años, facilitados por la creación del Consejo de Acompañamiento y Monitoreo de Riesgos Fiscales Judiciales a principios de 2023. Esta medida fue una respuesta a una crisis de precatórios que sorprendió al gobierno anterior y llevó a la implementación de un techo para estos pagos.

Desde que el Supremo Tribunal Federal (STF) permitió la exclusión de ciertos gastos judiciales de las reglas fiscales hasta finales de 2026, el control de estas sentencias se ha vuelto crucial para evitar presiones sobre el presupuesto. Sin embargo, la tarea ha sido desafiante, especialmente después de que el Congreso aprobara una enmienda constitucional que excluye las sentencias judiciales del límite de gastos, pero que requiere la incorporación gradual de estos valores a la meta de resultado primario. Esto significa que el gobierno deberá asegurar un volumen creciente de ingresos para cubrir estas obligaciones, lo que podría llevar a un mayor endeudamiento si no se gestiona adecuadamente.

Los datos de la AGU (Abogacía General de la Unión) muestran que entre 2023 y 2025, se firmaron casi 2 millones de acuerdos judiciales, el doble de los registrados entre 2020 y 2022. Aunque el total de pagos acordados ha crecido más lentamente, la estrategia ha permitido cerrar un mayor número de disputas sin aumentar los desembolsos. Esta política de conciliación ha generado ahorros significativos, estimados en R$ 44 mil millones, al reducir la diferencia entre el monto reclamado y lo acordado, además de evitar costos adicionales por intereses y honorarios.

De cara al futuro, el gobierno brasileño se enfrenta al desafío de continuar controlando los gastos judiciales, especialmente a partir de 2028, cuando se espera que las reglas fiscales se endurezcan nuevamente. La reciente modificación en el calendario de expedición de precatórios también ha generado incertidumbre, aunque las autoridades creen que el impacto será limitado. En este contexto, los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan las negociaciones y la implementación de políticas fiscales en Brasil, ya que cualquier cambio podría influir en la estabilidad económica del país y, por ende, en su atractivo para la inversión extranjera.