El equilibrio fiscal se ha consolidado como el pilar del programa económico del Gobierno argentino desde finales de 2023. Sin embargo, tres iniciativas legislativas recientes podrían complicar la meta de alcanzar un superávit primario del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para este año. Un informe de PwC señala que la reforma laboral, que incluye la eliminación de impuestos internos y la creación de un fondo para financiar despidos, podría generar un costo fiscal de hasta 0,18% del PBI. Este impacto se suma a la presión que ejercen otras dos leyes sancionadas en 2025, que también están en diferentes etapas de implementación y que pueden aumentar significativamente el gasto público.

La primera de estas leyes es la de Financiamiento de la Educación Universitaria, cuyo costo estimado es de 0,23% del PBI, en línea con las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esta norma busca restituir las transferencias a universidades nacionales a valores reales de 2023, aunque su aplicación está en la incertidumbre debido a que se encuentra judicializada. El Gobierno ha presentado una alternativa que podría reducir el impacto fiscal, pero aún no se ha concretado. Por otro lado, la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad presenta un rango de impacto que oscila entre 0,25% y 0,48% del PBI, y aunque ya fue reglamentada, el Ejecutivo está considerando una contrapropuesta que aún no ha sido formalizada.

Sumando los costos de la reforma laboral y las dos leyes mencionadas, el impacto fiscal negativo acumulado podría alcanzar aproximadamente 0,75% del PBI en 2026. Esto plantea un desafío considerable para el Gobierno, que ha hecho del equilibrio fiscal su principal objetivo. Sin embargo, el informe de PwC también identifica factores compensatorios que podrían ayudar a mantener, e incluso superar, la meta fiscal. Uno de los más significativos es la reducción del gasto en subsidios energéticos, que ha disminuido a un ritmo de medio punto del PBI por año desde 2023, gracias a un nuevo esquema de subsidios focalizados implementado desde febrero de 2026.

Además, se prevén ingresos extraordinarios por privatizaciones y concesiones que podrían sumar cerca de 0,25% del PBI. En enero, el Tesoro argentino ya registró ingresos por 0,12% del PBI relacionados con la adjudicación de represas hidroeléctricas en la región del Comahue. Se estima que las futuras licitaciones o ventas de participaciones estatales en empresas como AySA y CITELEC podrían aportar aproximadamente 783 millones de dólares, equivalentes a 0,13% del PBI. Por último, la reducción del gasto en salarios del sector público, aunque limitada, también podría contribuir a la contención del gasto, con una proyección de reducción adicional de 0,1% del PBI en 2026.

En conclusión, aunque el Gobierno enfrenta presiones significativas sobre el gasto público debido a las nuevas leyes, existen mecanismos que podrían ayudar a compensar estos costos. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estas iniciativas y a la capacidad del Gobierno para implementar medidas que mantengan el equilibrio fiscal. La situación se torna crítica, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para el futuro económico del país. Eventos como la resolución judicial sobre la ley de financiamiento educativo y la formalización de propuestas alternativas en discapacidad serán claves para evaluar el impacto fiscal a corto y mediano plazo.