La Contraloría General de la República de Chile ha emitido un dictamen que prohíbe financiar beneficios laborales adicionales a los legales acordados entre la Fundación de la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y sus trabajadores con recursos públicos. Este pronunciamiento, reflejado en el dictamen N° D169/2026, establece que los recursos fiscales destinados a personal deben limitarse a obligaciones legales, excluyendo bonos, asignaciones o aguinaldos que excedan ese marco. Esta decisión se produce en un contexto de crisis financiera para Prodemu, que actualmente enfrenta un déficit superior a los $1.500 millones, lo que ha llevado a la fundación a buscar alternativas para su sostenibilidad financiera.

La situación de Prodemu se ha deteriorado significativamente en los últimos años. Un informe de gestión recibido por la ministra Judith Marín al asumir su cargo ya advertía sobre la precariedad financiera de la fundación, revelando una deuda acumulada desde 2017 que asciende a $477 millones. Esta deuda se ha originado en sobregastos y rendiciones rechazadas, además de incluir una factura impaga y la tramitación de un crédito por $500 millones. La nueva normativa de la Contraloría, que excluye ciertos gastos de financiamiento público, podría agravar aún más la situación, ya que se proyecta que los gastos rechazados aumenten, sumándose a las obligaciones laborales sin respaldo presupuestario.

El impacto de esta prohibición es significativo, ya que se estima que la aplicación del nuevo criterio podría reducir el déficit de Prodemu a cerca de $300 millones, facilitando el pago de sueldos adeudados, aunque solo durante el año 2026. Sin embargo, esto no resuelve el problema estructural de la fundación, que depende en gran medida de transferencias públicas para su funcionamiento. La situación se complica aún más con contratos colectivos firmados en diciembre de 2024 que se encuentran fuera del marco presupuestario, lo que podría generar rechazos por más de $422 millones para 2025. En total, la deuda acumulada y proyectada de Prodemu alcanza los $1.501 millones, lo que pone en riesgo su viabilidad financiera a largo plazo.

Desde la administración anterior, se había solicitado un pronunciamiento a la Contraloría para aclarar la rendición de estos gastos, pero la respuesta negativa ha dejado a Prodemu en una situación crítica. La exministra Antonia Orellana mencionó que, si la respuesta era negativa, la opción sería presentar un proyecto de ley para abordar el déficit. Esto indica que la fundación podría necesitar un cambio legislativo para asegurar su financiamiento y evitar un colapso total.

La ministra Marín ha señalado que se adoptarán medidas para contener el riesgo financiero en el corto plazo, y se convocará a una sesión extraordinaria del directorio de Prodemu para analizar alternativas, que incluyen ajustes estructurales y cambios en su funcionamiento. La situación de Prodemu es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas instituciones dependientes de financiamiento público en Chile, y su resolución será crucial para garantizar la continuidad de sus programas y servicios.