El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha revelado en su última encuesta que un alarmante 92% de los economistas considera riesgosas o muy riesgosas las propuestas de incrementar el gasto público rígido, que incluye pensiones y la planilla pública. Este dato se vuelve crucial en un contexto donde el gasto público rígido ya representa el 62% del total, y la reciente aprobación de leyes que suman más de S/11 mil millones anuales al presupuesto añade una presión considerable sobre las finanzas del país. La preocupación se centra en que estas medidas pueden comprometer la sostenibilidad fiscal a largo plazo, lo que podría tener repercusiones en la estabilidad económica de Perú.

El uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para financiar el gasto también ha sido objeto de críticas. Los economistas advierten que esta herramienta, diseñada para estabilizar el tipo de cambio, no debería ser utilizada para cubrir déficits fiscales. En su lugar, se sugiere que el país debería recurrir a mecanismos más apropiados, como el Fondo de Estabilización Fiscal, que ya está en funcionamiento. Además, un 90% de los encuestados considera riesgosas las propuestas de controles de precios y revisiones de contratos-ley, lo que indica un consenso sobre la necesidad de una gestión fiscal más prudente.

La reciente crisis de los combustibles, que ha visto un aumento de hasta el 27% en los precios en marzo, ha llevado a las autoridades a considerar subsidios y exoneraciones que podrían tener un alto impacto fiscal. En 2022, medidas similares costaron más de S/4.200 millones. Sin embargo, más de la mitad de los economistas encuestados aboga por soluciones más focalizadas para mitigar el efecto del aumento de precios en la demanda, lo que sugiere que la estrategia actual podría no ser la más efectiva. La presión sobre el presupuesto se intensifica en un momento en que la economía peruana ya enfrenta desafíos significativos.

El informe del IPE también destaca la crisis en Essalud, donde a pesar de un aumento del 30% en el presupuesto en la última década, la provisión de servicios médicos ha crecido solo un 11%. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la gobernanza institucional en el sector salud, con un 59% de los economistas sugiriendo que se priorice este aspecto antes de considerar nuevos incrementos presupuestales. La falta de atención adecuada para los asegurados es un tema crítico que podría afectar la percepción pública y la confianza en el sistema de salud.

Finalmente, los riesgos económicos a corto plazo han cambiado, con la inseguridad ciudadana y el crimen organizado emergiendo como las principales preocupaciones, seguidas del deterioro de las finanzas públicas y la incertidumbre global. Estos factores, combinados con la falta de acción del Ejecutivo para abordar el crimen y la inestabilidad política, crean un entorno desafiante para la economía peruana. Los inversores deben estar atentos a cómo estas dinámicas se desarrollan, especialmente en un contexto donde la gestión fiscal y la gobernanza son cada vez más críticas para la estabilidad económica.