El gobierno argentino, a través del decreto 217 publicado recientemente, ha decidido postergar nuevamente la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Esta medida, que se aplica a la venta de naftas y gasoil en las estaciones de servicio, costará al Estado aproximadamente US$ 150 millones por mes en recaudación. La decisión se produce en un contexto de creciente presión inflacionaria, exacerbada por el aumento del precio del petróleo, que ha superado los 100 dólares por barril debido a la guerra en Medio Oriente.

Los impuestos a los combustibles están regulados por la ley 23.966, que establece que deben actualizarse trimestralmente en enero, abril, julio y octubre, basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Sin embargo, la consultora Economía y Energía estima que, desde la última actualización parcial en 2025, el Tesoro ha dejado de recaudar cerca de US$ 2.500 millones. Con la postergación de abril, el valor del impuesto a las naftas se encuentra atrasado, y se prevé que la normativa original estipulaba una actualización para el período de septiembre a noviembre de 2024.

El gobierno de Javier Milei ha tomado esta medida en un intento de mitigar el impacto de los precios de los combustibles en la economía local, ya que las empresas de refinación suelen trasladar automáticamente cualquier aumento impositivo al consumidor final. En las últimas semanas, los precios de los combustibles han aumentado cerca de un 20%, lo que ha generado un efecto dominó en la inflación general. La situación se complica aún más por la necesidad de las refinadoras y productores de negociar el impacto de estos precios en el mercado local, un desafío que se ha vuelto más complejo en el actual contexto geopolítico.

La postergación de la actualización de impuestos es un legado de la administración anterior, que también había optado por diferir la carga impositiva sobre los combustibles en varias ocasiones. Esto ha dejado al nuevo gobierno con un remanente de impuestos que aún necesita ser actualizado. La presión sobre el Tesoro es significativa, ya que la falta de recaudación podría limitar la capacidad del gobierno para financiar otros programas económicos necesarios en un momento de alta inflación y devaluación de la moneda.

A futuro, es crucial observar cómo el gobierno manejará la situación de los combustibles y si implementará finalmente la actualización de los impuestos. Las próximas negociaciones entre productores y refinadoras serán determinantes para establecer un nuevo equilibrio en los precios. Además, el impacto de la guerra en Medio Oriente y su efecto en el precio del petróleo seguirá siendo un factor clave a monitorear, ya que cualquier aumento adicional podría forzar al gobierno a tomar decisiones más drásticas sobre la política de combustibles y su tributación.