La investigación judicial liderada por el fiscal federal Gerardo Pollicita sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete, ha tomado un giro significativo, centrándose en dos aspectos críticos: el aumento de su patrimonio y un viaje en avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. Este caso se originó a raíz de denuncias presentadas por la diputada nacional Marcela Pagano, quien ha señalado un presunto incremento patrimonial desproporcionado y discrepancias severas en las declaraciones juradas de Adorni, sugiriendo la posible omisión de activos financieros y depósitos en el exterior.

Entre los bienes que están bajo la lupa se encuentran una casa en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en Caballito, Buenos Aires. Ambas propiedades fueron certificadas por la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien deberá declarar como testigo ante la fiscalía. La investigación se ha intensificado tras la revelación de que una jubilada de 72 años y una empleada de una editorial figuran como acreedoras de una hipoteca de USD 200.000, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de las declaraciones patrimoniales de Adorni.

La fiscalía ha solicitado una tasación de los inmuebles para verificar si el valor declarado en las escrituras concuerda con el valor de mercado. Además, se ordenarán tasaciones de los vehículos declarados por Adorni, con el fin de establecer si sus ingresos, reportados ante la Oficina Anticorrupción, justifican la adquisición de estos bienes. En su última declaración patrimonial, Adorni reportó una fortuna de poco más de 107 millones de pesos, pero Pagano ha denunciado que su patrimonio habría crecido un 500% en un solo período fiscal, lo que ha despertado aún más sospechas.

El viaje a Punta del Este, realizado entre el 12 y el 17 de febrero, también está bajo investigación. La gerenta comercial de JAG Executive Aviation S.A. ha declarado que vendió los pasajes a Marcelo Grandío, quien le pidió no facturarlos, sugiriendo que el viaje fue una invitación. Adorni había afirmado que pagó su parte del vuelo, pero esta declaración ahora es cuestionada. La fiscalía ha solicitado información sobre los movimientos migratorios de Adorni y Grandío desde el 1 de enero de 2023, para determinar si han compartido otros viajes o coincidido en destinos similares.

Este caso no solo tiene implicaciones judiciales, sino que también está generando un impacto político considerable, aumentando la presión sobre el Gobierno. Mientras el oficialismo sostiene que Adorni no ha cometido delito y que todo se aclarará con su próxima declaración jurada, la situación podría complicarse si se encuentran pruebas contundentes que respalden las denuncias de enriquecimiento ilícito. La investigación está en curso y se espera que la escribana Nechevenko declare pronto, lo que podría arrojar más luz sobre la situación.

Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrolla esta situación, ya que puede influir en la percepción del mercado sobre la transparencia y la ética en el Gobierno argentino. La presión política y judicial sobre Adorni podría tener repercusiones en la estabilidad del actual gabinete, lo que a su vez podría afectar la confianza de los inversores en el país. Las próximas semanas serán cruciales, especialmente con la declaración jurada de Adorni programada para el 4 de agosto de 2025, que podría ser un punto de inflexión en esta investigación.