El Gobierno peruano ha decidido mantener a la empresa Egis como asesora del proyecto de la Nueva Carretera Central (NCC) y los accesos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a pesar de las acusaciones de corrupción en el extranjero. Esta decisión, que se tomó tras dos meses de incertidumbre, podría resultar en un sobrecosto significativo para el proyecto. Fuentes cercanas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han indicado que se espera que las ofertas de los potenciales postores sean entre un 10% y un 15% más altas debido al 'factor riesgo' que representa firmar un contrato con el Estado peruano en este momento.

El contexto actual en Perú es complicado, ya que el MTC ha enviado mensajes contradictorios al mercado. Por un lado, ha activado cláusulas anticorrupción para retirar a Egis, pero luego retrocedió ante la presión social en Junín, una región clave para la NCC. Esto ha generado suspenso en la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa (VESR), lo que podría retrasar aún más el avance de la NCC. El ministro de Transportes, Aldo Prieto, ha anunciado que se asignarán S/ 600 millones este año para el túnel Pariachi, el primer componente de la NCC, aunque se estima que su costo total superará los S/ 2,500 millones.

A medida que se desarrollan estos eventos, se ha revelado que el costo total de la NCC podría alcanzar los S/ 30 mil millones, un aumento significativo respecto a la estimación inicial de S/ 24 mil millones. Este incremento se debe no solo a la incertidumbre política y a los costos de materiales, sino también a la inflación que afecta a la economía peruana. La falta de claridad en la comunicación del Gobierno ha llevado a un aumento en la desconfianza de los inversionistas, quienes podrían optar por no participar en futuros proyectos en Perú.

Desde la perspectiva de los inversores, la situación actual presenta un riesgo considerable. La posibilidad de que los costos de los proyectos aumenten debido a la incertidumbre política podría llevar a una menor inversión en infraestructura en el país. Además, la falta de un compromiso claro por parte del Gobierno para asegurar la estabilidad jurídica y económica podría desincentivar a los inversionistas extranjeros, que podrían buscar oportunidades en otras naciones de la región con un entorno más predecible.

En cuanto a los próximos pasos, el MTC ha indicado que la procura para el túnel Pariachi comenzará en mayo, y se espera que el contrato se firme en julio. Sin embargo, la incertidumbre en torno a la VESR podría retrasar aún más el avance de la NCC. Los inversionistas deberán estar atentos a las decisiones del próximo Gobierno, ya que la actual administración parece estar lidiando con problemas de comunicación y gestión que podrían afectar gravemente el futuro de los proyectos de infraestructura en Perú.