SanCor, una de las empresas más emblemáticas del sector lácteo argentino, se encuentra en un proceso de concurso preventivo que revela una situación financiera crítica. La compañía, que ha sido un pilar en la industria lechera nacional, acumula una deuda de más de 120 millones de dólares y enfrenta reclamaciones de aproximadamente 2.700 acreedores. Según el informe del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, la situación se ha agravado con una deuda adicional que supera los 6.349 millones de pesos desde el inicio del concurso, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema financiero que enfrenta la firma.

La mayor parte de la deuda de SanCor se debe a ARCA, un ente estatal, que reclama alrededor de 23.607 millones de pesos en capital, además de otros 25.235 millones en intereses y honorarios. Este incumplimiento ha llevado a la empresa a paralizar sus plantas en Córdoba y Santa Fe, lo que no solo afecta su producción, sino también a los trabajadores que dependen de la continuidad de estas operaciones. La situación se complica aún más con la acumulación de más de 300 pedidos de quiebra en su contra, lo que refleja la desconfianza creciente de los acreedores en la capacidad de la empresa para reestructurar su deuda y volver a la normalidad operativa.

En el contexto de los acreedores, se destaca la presencia de fondos internacionales de inversión que han sido admitidos como acreedores quirografarios. Por ejemplo, el fondo holandés BAF LATAM Trade Finance Fund B.V. tiene un reclamo de 51.859.126,90 dólares, mientras que el IIG Structured Trade Finance Fund Ltd. reclama 34.476.796 dólares. Además, el fideicomiso estatal FONDEP ha sido verificado con un privilegio especial por más de 2.279 millones de pesos, lo que indica que la empresa no solo enfrenta problemas con acreedores locales, sino también con entidades financieras internacionales.

La intervención judicial en SanCor se extenderá hasta al menos el 30 de junio de 2026, lo que significa que la empresa tendrá un tiempo limitado para presentar un plan de reestructuración viable. La Justicia ha establecido que el Consejo de Administración debe presentar el balance del ejercicio cerrado en junio de 2025 en un plazo no mayor a 30 días. Esto es crucial para entender la situación financiera actual y futura de la empresa. Además, se ha autorizado la apertura de una cuenta corriente especial en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., que será inembargable frente a los reclamos de acreedores postconcursales, lo que podría ofrecer un respiro temporal a la firma.

La situación laboral también es alarmante, con una deuda laboral que asciende a 20.000 millones de pesos. Casi el 71% de los reclamos de los acreedores son de carácter laboral, lo que pone en riesgo la estabilidad de miles de empleados. Recientemente, dos expresidentes de SanCor fueron procesados por la presunta apropiación indebida de aportes destinados a los trabajadores, lo que añade un componente legal que podría complicar aún más la recuperación de la empresa. Con un plan de crisis que incluye el recorte de 304 empleos, SanCor busca mejorar su situación financiera, aunque los despidos previos no han logrado reducir su déficit operativo.

A medida que avanza el proceso de concurso, los inversores y analistas deben monitorear de cerca las decisiones judiciales y la capacidad de SanCor para presentar un plan de reestructuración efectivo. La fecha límite de junio de 2026 será un hito importante para evaluar si la empresa puede salir de esta crisis o si, por el contrario, se verá obligada a cerrar sus puertas. La situación de SanCor no solo afecta a la empresa en sí, sino que también tiene implicaciones más amplias para el sector lácteo argentino y la economía regional, especialmente en un contexto donde el consumo de productos lácteos es fundamental para muchas familias argentinas.