En Valdivia, Chile, la matrona Nancy Boullosa, quien padece una discapacidad severa, ha denunciado su despido como injusto y potencialmente ilegal. Boullosa, con casi 20 años de experiencia en el CESFAM de Angachilla, fue desvinculada por la municipalidad alegando que había recibido una pensión de invalidez transitoria. Este caso ha generado una fuerte reacción entre sus colegas y la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal (APROSAM), quienes exigen su reintegro y están considerando acciones legales contra la municipalidad.

La situación de Boullosa es particularmente delicada, ya que fue diagnosticada con fibrosis que afectó su columna vertebral, lo que requirió múltiples intervenciones quirúrgicas. A pesar de su condición, se mantuvo en contacto con la municipalidad para solicitar su reintegro tras una licencia médica. Sin embargo, el 7 de noviembre de 2025, recibió la notificación de su despido, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad del proceso. Sus colegas han criticado la falta de respuesta de la administración municipal, lo que ha intensificado las demandas por justicia laboral en el sector salud.

Este caso no solo resalta las dificultades que enfrentan los trabajadores con discapacidades en el ámbito laboral, sino que también pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas de empleo en el sector público. La presidenta de APROSAM, Paola Murillo, ha señalado que el despido de Boullosa podría ser un indicativo de una cultura laboral que no valora adecuadamente a los empleados con discapacidades. La falta de respuesta de la municipalidad ha llevado a la asociación a considerar acciones legales, lo que podría abrir un debate más amplio sobre los derechos laborales en Chile, especialmente en el sector salud.

Desde una perspectiva económica, el despido de Boullosa podría tener repercusiones más amplias en la comunidad local. La pérdida de un profesional con su experiencia no solo afecta a los pacientes que dependen de sus servicios, sino que también podría generar un aumento en los costos de atención médica si se requiere contratar a un reemplazo. Además, la situación de Boullosa podría influir en la percepción pública sobre la administración municipal y su compromiso con la inclusión y el bienestar de todos los ciudadanos, lo que podría tener implicaciones en futuras elecciones locales.

A futuro, es crucial monitorear cómo se desarrollan las acciones legales que APROSAM está considerando y cómo la municipalidad responde a las demandas de los trabajadores de la salud. La situación de Boullosa podría convertirse en un caso emblemático que establezca precedentes en la protección de los derechos laborales de los trabajadores con discapacidades en Chile. La comunidad local y los profesionales de la salud estarán atentos a cualquier avance en este caso, que podría influir en la política laboral y en la percepción pública de la administración municipal en Valdivia.