En un giro significativo en la estrategia de inversión pública, ProInversión ha publicado el "Plan de Promoción de la Inversión Privada" para Petroperú, a pesar de la amenaza de derogación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025 por parte del presidente José Balcázar. Este plan, que establece un marco para la reorganización de la petrolera estatal, incluye modelos de inversión y criterios para la entrega de bloques patrimoniales. La publicación del plan se realizó a pesar de que el plazo para su presentación había vencido, lo que indica un compromiso por parte de ProInversión para avanzar en la reestructuración de Petroperú.

El plan de 78 páginas detalla tres modelos de inversión: contratos de gerencia, asociaciones en participación (joint ventures) y concesiones. Estos modelos están diseñados para atraer inversión privada en activos estratégicos de Petroperú, como la Refinería de Talara y el Oleoducto. La importancia de este avance radica en la necesidad de mejorar la situación financiera de Petroperú, que ha enfrentado dificultades significativas en los últimos años, incluyendo altos niveles de deuda y problemas operativos.

Carlos Paredes, expresidente de Petroperú, ha destacado que la clasificación de los activos en bloques patrimoniales permitirá una mejor gestión y atraerá el know-how necesario para optimizar las operaciones de la empresa. Esto es crucial, ya que Petroperú ha sido objeto de críticas por su ineficiencia y por la carga financiera que representa para el Estado. La estrategia de ProInversión busca que cada bloque patrimonial tenga la capacidad de operar de manera independiente, lo que podría facilitar la atracción de inversores interesados en sectores específicos de la empresa.

Las implicancias para el inversor son significativas. Si el plan se implementa con éxito, podría abrir oportunidades de inversión en un sector que ha sido históricamente dominado por el Estado. Además, la posibilidad de que los activos sean gestionados por operadores privados podría resultar en una mayor eficiencia y rentabilidad. Sin embargo, la incertidumbre política en torno a la posible derogación del decreto plantea un riesgo considerable. Si el nuevo gobierno, que asumirá funciones en julio de 2026, decide revertir estas medidas, los planes de inversión podrían verse comprometidos.

A futuro, es esencial monitorear cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a la administración de Petroperú y la implementación del plan de ProInversión. El cronograma establecido prevé que para julio de 2026 se apruebe el plan específico para el primer grupo de bloques patrimoniales, y que en diciembre de 2026 se presente el plan para el segundo grupo. Estos hitos serán cruciales para determinar el futuro de la inversión privada en la petrolera y su capacidad para salir de la crisis financiera en la que se encuentra sumida.