Desde que José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo, su gobierno ha tomado medidas significativas para desmantelar la legislación de su predecesor, Gabriel Boric. En un periodo de apenas tres semanas, se han retirado 94 decretos y reglamentos, muchos de los cuales eran considerados emblemáticos, como la ley de Pesca y diversas iniciativas ambientales. Este cambio abrupto en la política legislativa ha generado un ambiente de incertidumbre tanto en el sector público como en el privado, ya que muchos de estos decretos estaban en proceso de implementación o discusión.

La revisión de los decretos retirados revela que la mayoría proviene del Ministerio de Medio Ambiente, que ha visto la eliminación de 40 decretos, seguidos por Defensa Nacional y Obras Públicas. La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, ha indicado que se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de todos los decretos, con la posibilidad de que algunos sean reingresados con modificaciones. Sin embargo, la oposición ha criticado esta medida, argumentando que muchos de estos decretos eran necesarios para la protección ambiental y el bienestar social.

Entre los decretos más destacados que han sido retirados se encuentra el que permitía la implementación de la nueva Ley de Adopción, así como varios que protegían áreas naturales y especies en peligro de extinción. Este tipo de decisiones ha suscitado preocupación en el ámbito ambiental, donde se teme que la reversión de políticas anteriores pueda llevar a un debilitamiento de las regulaciones que protegen el medio ambiente. La ministra Toledo ha afirmado que algunos de estos decretos serán reingresados, pero la falta de claridad sobre cuáles serán y cuándo se llevará a cabo este proceso ha alimentado la incertidumbre.

Las implicancias para los inversores son significativas. La reversión de políticas puede afectar la confianza en el gobierno actual y, por ende, en la economía chilena. La incertidumbre legislativa puede llevar a una disminución en la inversión extranjera y local, especialmente en sectores como el medio ambiente y la energía, donde las regulaciones son cruciales para el desarrollo de proyectos. Además, el retiro de la Ley de Pesca y otros proyectos laborales podría generar tensiones en el mercado laboral, donde ya hay aproximadamente 900,000 personas desempleadas y 2 millones en empleos informales, según el gobierno.

A futuro, es crucial monitorear cómo se desarrollará esta revisión de decretos y qué decisiones tomará el gobierno de Kast en relación a las leyes que han sido retiradas. La próxima semana se espera que el Congreso discuta el futuro de la Ley General de Pesca, lo que podría ser un indicador de la dirección que tomará el gobierno en materia de políticas ambientales y laborales. Además, la respuesta de la oposición y de los sectores afectados será clave para entender el impacto de estas decisiones en la estabilidad política y económica del país.