El pasado 26 de marzo, Telefónica celebró su Junta General de Accionistas de 2026, donde se evidenció un notable descontento por parte de los inversores institucionales hacia la política de retribuciones de la compañía. El informe anual de remuneraciones, que incluía indemnizaciones por un total de 78,4 millones de euros a los exdirectivos José María Álvarez-Pallete y Ángel Vilá, recibió el respaldo de solo el 65,29% del capital presente, marcando el apoyo más bajo de la jornada. Este rechazo se traduce en un 18,74% de votos en contra y un 15,97% de abstenciones, lo que pone de manifiesto una clara fractura entre el consejo de administración y grandes fondos internacionales como Norges Bank y Calpers, quienes cuestionan las condiciones de salida de la anterior cúpula directiva.

Este descontento no es nuevo, ya que en 2022, el mismo informe de retribuciones había logrado un apoyo del 53,3%, con un 42,9% de votos en contra. La oposición de los inversores se centra en las cifras millonarias que se liquidaron a la anterior cúpula, donde Álvarez-Pallete recibió 44,5 millones de euros y Vilá 33,9 millones, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y la desconexión entre la remuneración de la alta dirección y el rendimiento bursátil de la compañía, que ha caído un 16% en el último año. Esta situación ha llevado a que algunos fondos soberanos, como el noruego Norges Bank, consideren inaceptable el pago de indemnizaciones que superan las dos anualidades, recomendando que la retribución de la alta dirección esté vinculada a acciones bloqueadas por periodos prolongados.

Para mitigar las críticas, Telefónica presentó una nueva política de remuneraciones que entrará en vigor en 2027 y se extenderá hasta 2029. Este nuevo plan, que recibió el apoyo del 81,29% de los accionistas, establece restricciones más severas, como la prohibición de recibir indemnización y derechos del plan de previsión social simultáneamente, y limita el máximo indemnizable a dos anualidades. Este cambio sugiere que la protesta de los inversores se centraba en las condiciones de salida de la anterior dirección, más que en la política de remuneraciones futura.

El descontento también se reflejó en la reelección de María Luisa García Blanco como consejera, quien obtuvo el mayor rechazo entre los administradores, con un 2,94% de votos en contra. Los inversores la señalaron como responsable de autorizar los pagos cuestionados. A pesar de las críticas, la gestión del actual presidente, Marc Murtra, fue ratificada con un 98,37% de apoyo, aunque su salario fijo de 1,9 millones de euros fue cuestionado por su falta de vinculación a objetivos de rentabilidad específicos.

La Junta de Telefónica 2026 tuvo un quórum del 65,71% del capital social, con la participación de 27.661 accionistas. La compañía también validó sus cuentas anuales de 2025 y aprobó un dividendo de 0,15 euros brutos por acción, que se pagará el 18 de junio de 2026. Este contexto de reestructuración y cambio en la política de remuneraciones podría ser un indicador de la dirección futura de la empresa y de cómo se alineará con las expectativas de los inversores, especialmente en un entorno donde la presión sobre la transparencia y la responsabilidad corporativa es cada vez mayor.