SanCor, la cooperativa láctea argentina, se encuentra en una situación crítica tras la validación de una deuda que asciende a aproximadamente US$120 millones. Esta cifra incluye US$90 millones y más de $40.000 millones en obligaciones, según la reciente sentencia de verificación de créditos emitida por la Justicia en el marco de su concurso preventivo. Este fallo es un hito en el proceso judicial, ya que establece la composición del pasivo de la empresa, que ha recibido 1519 pedidos de verificación de un total de 2702 acreedores denunciados, abarcando deudas fiscales, financieras y comerciales. Con esta etapa concluida, se abre la puerta a la negociación con los acreedores para intentar alcanzar un acuerdo que evite la quiebra de la cooperativa, que ingresó en concurso preventivo hace poco más de un año.

La situación financiera de SanCor es alarmante. A pesar de estar bajo un proceso judicial, la empresa ha acumulado una deuda postconcursal de más de $6349 millones hasta el 31 de enero de 2026, con un crecimiento mensual cercano a los $3000 millones. Este aumento en la deuda refleja que, a pesar de las medidas judiciales, la crisis financiera de SanCor se está profundizando. El Estado se posiciona como el principal acreedor, con un crédito reconocido por ARCA (ex AFIP) que supera los $23.607 millones en capital, además de más de $25.235 millones en intereses y honorarios. Esto pone de manifiesto la carga que las obligaciones fiscales representan para la cooperativa.

Entre los acreedores financieros, destacan fondos internacionales como el BAF LATAM Trade Finance Fund B.V., que tiene un crédito reconocido de US$51,8 millones, y el IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., con US$34,4 millones. Estos fondos son algunos de los principales tenedores de deuda en moneda extranjera dentro del proceso. Sin embargo, el tribunal ha decidido no validar ciertas garantías que los acreedores pretendían ejecutar, lo que complica aún más la situación financiera de SanCor. Además, el fideicomiso estatal FONDEP, con un crédito superior a $2.279 millones, también figura entre los acreedores privilegiados, respaldado por una prenda sobre la marca SanCor.

La situación de los empleados es igualmente preocupante. De los 1.063 acreedores laborales que se presentaron, la mayoría ya había cobrado a través del mecanismo de pronto pago, lo que ha llevado a que sus reclamos sean considerados inadmisibles en esta instancia. Solo un pequeño grupo logró el reconocimiento directo de sus créditos, con montos que varían desde poco más de un millón hasta más de $192 millones en el caso más elevado. Esto indica que la cooperativa está lidiando con una carga significativa no solo en términos de deuda, sino también en la gestión de sus recursos humanos.

Mirando hacia el futuro, la Justicia ha decidido prorrogar la coadministración de la empresa y avanzar con medidas para sostener su operación, como la apertura de una cuenta bancaria protegida de embargos. Esto busca evitar que acciones individuales de acreedores paralicen la actividad de SanCor. Sin embargo, el fallo deja claro que el horizonte es complejo y que la situación sigue deteriorándose. En los próximos 30 días, la sindicatura deberá elaborar un Informe General que analizará la situación patrimonial global de SanCor, lo que será crucial para la etapa de negociación con los acreedores. La capacidad de la cooperativa para alcanzar un acuerdo preventivo será determinante para su futuro.

En resumen, la situación de SanCor es crítica y requiere atención inmediata. La validación de su deuda y el creciente pasivo postconcursal son señales de que la cooperativa enfrenta desafíos significativos. Los próximos pasos en el proceso judicial y las negociaciones con los acreedores serán fundamentales para determinar si SanCor puede evitar la quiebra y recuperar su estabilidad financiera.