En España, la situación de los alquileres se ha vuelto crítica, especialmente para más de 2,5 millones de arrendatarios que podrían beneficiarse de una prórroga en sus contratos. La coalición de gobierno, liderada por el PSOE y Sumar, ha aprobado un real decreto que permite extender los contratos de alquiler que venzan hasta finales de 2027, además de fijar un tope del 2% anual en las actualizaciones de renta. Sin embargo, la amenaza de los partidos de derecha de tumbar esta medida en el Congreso ha generado una gran incertidumbre entre los inquilinos, quienes están inundando a los sindicatos de consultas sobre sus derechos y posibilidades de acogerse a esta prórroga.

La urgencia de Sumar, el socio minoritario del Gobierno, se ha manifestado en un llamado a los inquilinos para que reclamen la prórroga antes de que se agote el plazo de 30 días para la convalidación del decreto en el Congreso. El Ministerio de Consumo ha enviado cartas a 13 inmobiliarias y fondos que gestionan alrededor de 100,000 viviendas de alquiler, recordándoles que están obligados a aceptar la extensión del contrato si el inquilino lo solicita. Este esfuerzo contrasta con la postura más cautelosa del PSOE, que aunque reconoce la vigencia del decreto, no se atreve a aconsejar a los ciudadanos sobre su uso debido a la falta de jurisprudencia que garantice su efectividad si el decreto es rechazado en el Congreso.