MasOrange y Vodafone España se han convertido en los únicos licitadores para el contrato del Sistema Cometa, un servicio integral de seguimiento telemático destinado a víctimas de violencia de género. Este concurso, convocado por el Ministerio de Igualdad, tiene un valor máximo de 111 millones de euros y se definirá en los próximos meses, tras la retirada de Telefónica, que operó el sistema desde su creación en 2009. La decisión de Telefónica de no participar se atribuye a la complejidad técnica de los nuevos pliegos y a los riesgos reputacionales asociados a posibles fallos en la red.

Vodafone, que actualmente gestiona el servicio, se ha asociado con Securitas Seguridad España para continuar su labor, a pesar de haber enfrentado problemas técnicos en el pasado. Por su parte, MasOrange ha formado una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Securitas Direct, buscando aprovechar la experiencia de esta última en el sector de alarmas. La competencia entre estas dos empresas se intensifica en un contexto donde se han detectado fallos en el sistema de seguimiento, lo que ha llevado a la necesidad de un nuevo contrato que garantice una gestión más eficiente y segura.

El nuevo pliego de condiciones impone requisitos más estrictos a los licitadores, incluyendo la obligación de reemplazar cualquier dispositivo defectuoso en un plazo máximo de 24 horas y mantener un stock permanente de 2.000 dispositivos listos para su envío. Este endurecimiento de las condiciones se produce tras una sanción reciente a Vodafone por una caída de cobertura que afectó la monitorización de dispositivos durante trece horas. La multa de 25.285 euros se deducirá de los pagos corrientes del contrato, lo que subraya la importancia de la estabilidad del sistema para la protección de las víctimas.

Las especificaciones técnicas del nuevo contrato incluyen la integración de tecnología eSIM en todos los dispositivos, lo que evitará la desactivación manual de la transmisión de datos. Además, se requiere que los nuevos dispositivos sean colocados en el tobillo del agresor, en lugar de en la muñeca, para minimizar las manipulaciones. Este cambio responde a recomendaciones de cuerpos policiales y juzgados, que han señalado la necesidad de mejorar la efectividad del sistema de seguimiento.

El proceso de adjudicación se extenderá hasta mayo de 2026, cuando se espera que se elija al ganador del contrato. La inversión total de 111 millones de euros se desglosa en un presupuesto base de 71,3 millones, con la posibilidad de prórrogas y modificaciones. La transición hacia el nuevo modelo de tobillera obligatoria requerirá una coordinación logística con las fuerzas de seguridad para asegurar una implementación efectiva. Este nuevo contrato no solo busca mejorar la protección de las víctimas de violencia de género, sino que también establece un estándar para la gestión de estos sistemas en el futuro.