La reciente decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 72, que suspendió más de 80 artículos de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, representa un golpe significativo para la administración actual. Esta medida, que incluye la suspensión del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para despidos, se dictó en respuesta a un planteo de la CGT, que argumentó la existencia de "indicios serios de inconstitucionalidad" en los cambios propuestos por la ley. La suspensión es provisional y se mantendrá hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma, aunque no hay claridad sobre el tiempo que tomará este proceso judicial.

El FAL, que era uno de los pilares de la reforma, se financiaba a través de contribuciones mensuales del 1% de las remuneraciones brutas de los trabajadores en grandes empresas y del 2,5% en micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Este fondo tenía como objetivo financiar indemnizaciones por despido, pero el juez Ojeda argumentó que no cumplía con la función de evitar despidos injustificados, tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución. Además, señaló que el sistema financiero del FAL podría desviar recursos de la seguridad social y no garantizaba una protección adecuada contra malas inversiones.