El Gobierno de Javier Milei está avanzando rápidamente en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las ocho empresas públicas incluidas en su plan de reforma. Este proceso es crucial para la estrategia del Ejecutivo, que busca reducir el gasto y generar ingresos para el pago de la deuda pública. Se espera que en marzo se publiquen los pliegos para vender el 90% del paquete accionario de la compañía, lo que abrirá la puerta a la competencia entre privados interesados en adquirir el control de este servicio esencial.

La valuación de AySA aún está en proceso, pero el Gobierno aspira a recaudar alrededor de 500 millones de dólares. Este cambio en la estrategia de privatización implica una modificación respecto a lo estipulado en el decreto 494/2025, que originalmente preveía la venta de al menos el 51% del paquete accionario. Ahora, la intención es licitar el 90% a un operador estratégico, manteniendo un 10% reservado para los empleados, lo que refleja un enfoque más agresivo hacia la privatización.

El nuevo contrato de concesión, que se espera tenga una duración de entre 20 y 30 años, definirá las responsabilidades del concesionario y del Estado. Además, se han realizado modificaciones en el marco regulatorio del Área Metropolitana de Buenos Aires, permitiendo ajustes tarifarios trimestrales y la posibilidad de cortar el servicio por mora. Estas medidas buscan ofrecer un entorno más atractivo para los inversores privados y facilitar el financiamiento de obras necesarias para modernizar la red de agua y saneamiento.

AySA, que presta servicio a más de 15 millones de personas, ha enfrentado problemas estructurales significativos, incluyendo una alta morosidad y una red obsoleta. La privatización podría aliviar la carga fiscal del Estado y transferir al sector privado la responsabilidad de las inversiones necesarias para mejorar el servicio. La respuesta del mercado a esta licitación será un indicador clave del interés privado en activos regulados bajo el nuevo esquema tarifario.

Con la reciente actualización tarifaria y la reducción de la dependencia de subsidios, el futuro de AySA y su privatización se convierte en un tema de gran relevancia para los inversores argentinos, quienes deben estar atentos a las implicancias que esto tendrá en el contexto económico del país.