La reciente aprobación de medidas en el Congreso peruano ha generado una gran preocupación en torno a la sostenibilidad fiscal del país. En solo una semana, del 12 al 19 de marzo, se aprobaron tres propuestas que impactan directamente el gasto público, con un costo estimado de S/ 11,500 millones anuales. Este incremento en el gasto se produce en un contexto donde el país ya enfrenta desafíos financieros significativos, lo que podría hipotecar las finanzas del próximo gobierno que asumirá en julio de 2026.

Entre las medidas aprobadas, destaca el aumento de las pensiones para maestros jubilados y cesantes, que se elevarán a S/ 3,300. Esta medida, junto con la inclusión de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), representa un gasto adicional significativo para el Estado. Según Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, solo estos tres proyectos podrían costar al fisco alrededor de S/ 6,500 millones en el presente año, lo que presionará aún más al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El impacto de estas decisiones es considerable, ya que el presupuesto destinado a remuneraciones y pensiones ha ido en aumento en los últimos años. Entre 2012 y 2022, el incremento anual del costo de planillas promedio fue inferior a S/ 4,000 millones, pero entre 2023 y 2025, este monto se disparó a S/ 7,000 millones. Con las nuevas medidas, se estima que el gasto podría alcanzar más de S/ 17,500 millones anuales, lo que representa un desafío importante para la gestión fiscal del país.

Para los inversores, este aumento en el gasto público podría generar presiones inflacionarias y un deterioro en la calificación crediticia del país, lo que afectaría la confianza en los activos peruanos. La posibilidad de que el gobierno de transición busque financiamiento adicional, como créditos suplementarios, podría llevar a un aumento en la deuda pública. Además, la falta de un plan claro para manejar este nuevo gasto podría resultar en un aumento de la incertidumbre económica y política, lo que podría desincentivar la inversión extranjera.

A futuro, es crucial monitorear cómo el nuevo gobierno abordará estos desafíos fiscales. La reglamentación de las nuevas medidas, que se espera entre en vigencia en julio, será un punto clave a observar. Además, la respuesta del MEF ante la presión del gasto y la posibilidad de que se presenten más proyectos de ley que busquen aumentar el gasto público serán factores determinantes para la estabilidad económica del país en los próximos años.