El ministro de Economía, Luis Caputo, ha decidido suspender la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2), que estaba prevista para abril. Esta medida busca mitigar el impacto del aumento del petróleo crudo internacional en los precios de los combustibles en Argentina. Desde el 27 de febrero, los precios de la nafta han aumentado un 20% promedio, lo que ha generado preocupación en el Gobierno por su efecto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La decisión de suspender la actualización impositiva no es gratuita para el Estado. Según estimaciones de la consultora Economía & Energía (EyE), esta postergación resultó en una pérdida de recaudación de aproximadamente 147 millones de dólares solo en marzo, acumulando un total de 429 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Esta situación se agrava por la crisis de oferta provocada por la guerra en Medio Oriente, que ha llevado a un incremento significativo en los precios internacionales del petróleo, con el barril de Brent alcanzando los 106 dólares esta semana, un aumento del 45% desde finales de febrero.

El contexto internacional ha sido un factor determinante en la estrategia del Gobierno. La escalada de precios en los combustibles a nivel global, impulsada por conflictos bélicos y tensiones geopolíticas, ha llevado a una presión adicional sobre la economía argentina, que ya enfrenta desafíos significativos en su lucha contra la inflación. La situación se complica aún más al considerar que los combustibles representan un 3,8% del IPC, y cada aumento del 10% en su precio puede incrementar la inflación general en 0,38 puntos porcentuales.

Desde el sector energético, se reconoce que la suspensión del impuesto es una medida temporal que busca estabilizar las expectativas inflacionarias a corto plazo. Sin embargo, esta estrategia podría tener consecuencias a largo plazo, ya que el costo fiscal de la medida podría dificultar el cumplimiento de las metas de equilibrio presupuestario. Además, el aumento en los precios de los combustibles podría llevar a una disminución en el consumo, como ya se observó en febrero, lo que afectaría a la economía en general.

A futuro, los analistas advierten que la volatilidad en los precios del petróleo seguirá siendo una constante, lo que mantendrá a las empresas del sector energético en alerta. Aunque el Gobierno ha evitado un incremento adicional en abril, la presión por una actualización de precios persistirá si los precios internacionales del crudo no retroceden. Las cámaras empresariales del sector bioenergético han recibido positivamente el incremento en los cupos de corte de biocombustibles, lo que podría ofrecer una oportunidad para dinamizar la industria regional, pero persiste la incertidumbre sobre la disposición de las petroleras a aceptar estos cambios tras años de disputas.