El gasto de capital del Estado nacional en Argentina ha alcanzado en 2025 el nivel más bajo de su historia, situándose en apenas 0,3% del PIB. Este porcentaje es incluso inferior al de 2001, que fue de 0,7%, y al de 2019, que alcanzó 1,1%. Las proyecciones del Presupuesto 2026 anticipaban una leve recuperación hasta 0,4%, pero los datos recientes sugieren que el ajuste fiscal se mantendrá, en un contexto de ingresos debilitados. Esta situación no solo refleja una falta de expansión en la infraestructura, sino que también implica un deterioro del capital existente, lo que tendrá efectos directos sobre el crecimiento potencial, la competitividad y la seguridad vial del país.

La inversión en infraestructura tiene una dinámica acumulativa, donde postergar el mantenimiento hoy incrementa exponencialmente los costos de reposición futura. Según estimaciones, el mantenimiento mínimo de la red vial debería ser de al menos 0,7% del PIB. Al estar por debajo de este umbral, Argentina no solo está fallando en sostener su infraestructura, sino que está consumiendo su stock de capital. Este deterioro se ha visto agravado por dos años de fuerte desinversión, lo que ha llevado a que la red vial, que ya estaba en condiciones deficientes, se encuentre aún más deteriorada.

La magnitud del ajuste fiscal es particularmente visible en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), donde el presupuesto devengado se redujo cerca de un 80% en términos reales en 2024 respecto a 2023, y este nivel se mantuvo prácticamente sin cambios en 2025. A pesar de esta contracción, el gobierno ha subejecutado su propio presupuesto, ejecutando solo el 63% del crédito vigente en 2024 y el 86% en 2025. Para 2026, el presupuesto asignado muestra un incremento nominal de solo 11%, lo que implica una caída real cercana al 15% bajo un escenario de inflación del 30%. Esto es preocupante, ya que las obras deberían financiarse con el incremento de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que se ha más que duplicado en los últimos dos años, del 0,25% del PIB en 2023 al 0,59% en 2025.

El deterioro de la red vial ya tiene efectos concretos y medibles en la economía. Los costos de transporte y logística han aumentado, la velocidad media de circulación ha caído a aproximadamente 60 km/h, y se han consolidado cuellos de botella en corredores productivos clave. Además, el desgaste por tránsito pesado sin control adecuado ha incrementado la siniestralidad vial. La DNV estima que el 29% de la red se encuentra en mal estado y el 23,5% en estado regular, lo que significa que más de la mitad de la red presenta condiciones deficientes. Estimaciones del gremio del organismo elevan este deterioro al 65%-70% de la red vial nacional.

Las necesidades de inversión para recuperar la red son significativas. Se estima que se requieren US$ 12.550 millones para recuperar la red nacional, de los cuales US$ 8.250 millones corresponden a intervenciones urgentes. Sin embargo, el nuevo esquema de concesiones anunciado por el gobierno cubre apenas un cuarto de la red vial nacional, dejando amplios tramos que requieren intervención urgente. Este modelo se apoya en una expansión del sistema de peajes, lo que implica una mayor carga para los usuarios sin una mejora cualitativa en la infraestructura. La falta de una planificación integral del sistema vial, acorde a las necesidades productivas y logísticas del país, podría priorizar la rentabilidad de los concesionarios sobre el bienestar general.

La actual dinámica de inversión no solo es insuficiente para expandir la red, sino también para preservar el capital existente. Esto implica un proceso de descapitalización de la infraestructura, con impactos crecientes sobre la competitividad, la seguridad vial y el crecimiento económico. La pregunta que surge es cuánto capital está dispuesto el Estado a perder antes de tener que reconstruirlo a un costo mucho mayor. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan las políticas de infraestructura y las decisiones presupuestarias en los próximos meses, ya que esto influirá en la competitividad y el crecimiento económico del país a largo plazo.