Aena, el gestor aeroportuario español, ha manifestado su oposición al acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco que permite la participación del País Vasco en la gestión de tres aeropuertos. Este acuerdo, que incluye la creación de un 'órgano bilateral de colaboración, coordinación y gestión', ha generado tensiones, ya que Aena sostiene que la Constitución Española le otorga la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general. En su comunicado, Aena enfatiza que su gestión está protegida por la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución, lo que le otorga el derecho a operar sin interferencias externas.

El acuerdo, firmado el pasado viernes, busca establecer un marco de colaboración entre ambos gobiernos, pero Aena ha señalado contradicciones en las declaraciones de los funcionarios. Mientras el Ministerio de Transportes ha indicado que el nuevo órgano carece de competencias ejecutivas y no altera el régimen legal de Aena, el lehendakari Imanol Pradales ha afirmado que Euskadi podrá participar en la toma de decisiones sobre los aeropuertos vascos. Esta disparidad en las declaraciones ha suscitado dudas sobre el alcance real del acuerdo y su posible impacto en la operación de Aena.

Aena, que administra 46 aeropuertos en España, incluidos los de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián, ha expresado su preocupación por cómo este acuerdo podría afectar la confianza de los inversores y los mercados financieros. La empresa, que cuenta con un 51% de propiedad estatal y un 49% privado, ha encargado a sus asesores jurídicos la evaluación de posibles medidas legales para proteger sus intereses y los de sus accionistas. La incertidumbre generada por este acuerdo podría influir en la cotización de Aena en la Bolsa, especialmente si los inversores perciben un riesgo en la gestión de los aeropuertos.

Desde el 17 de marzo, Aena ya había manifestado su inquietud tras la redacción del documento que incluía la creación del órgano bilateral. En esa ocasión, el Ministerio de Transportes tuvo que aclarar que el acuerdo no suponía una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena. Sin embargo, la situación actual parece más compleja, ya que las afirmaciones del Gobierno vasco sugieren una mayor participación en la planificación estratégica aeroportuaria, lo que podría alterar el equilibrio de poder en la gestión de estas infraestructuras.

De cara al futuro, los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan las negociaciones entre Aena y el Gobierno vasco. La situación podría evolucionar con la presentación de nuevas propuestas o aclaraciones que definan el rol del órgano bilateral. Además, la respuesta de Aena a este acuerdo y cualquier acción legal que decida emprender serán factores clave para evaluar el impacto en su operación y en la confianza del mercado. La próxima reunión entre las partes podría ser crucial para determinar el futuro de la gestión aeroportuaria en el País Vasco y su efecto en Aena y sus accionistas.