La reciente escalada en los precios internacionales del petróleo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, ha comenzado a reflejarse en los costos de los combustibles en Uruguay. Se estima que, si se aplicara la metodología de Precio de Paridad de Importación (PPI), la nafta Súper 95 podría experimentar un aumento de aproximadamente $10 por litro, lo que representaría un incremento del 13% sobre el precio actual de $76,88. Por su parte, el gasoil 50-S podría ver un ajuste de cerca de $20 por litro, lo que equivaldría a un aumento del 43%, desde los $47,32 vigentes. Estas proyecciones se dan en un contexto donde el gobierno uruguayo evalúa medidas para mitigar el impacto de estas subas en los consumidores.

El último informe de la Ursea, que analiza los precios en la costa del Golfo de México, indica que el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 ha aumentado un 39% en comparación con el bimestre anterior. En el caso del gasoil común, la suba ha sido aún más pronunciada, alcanzando un 67%. Estos incrementos reflejan la presión que el mercado internacional está ejerciendo sobre los precios locales, lo que ha llevado al gobierno a considerar un adelanto en el ajuste de tarifas que originalmente estaba previsto para mayo.

Para contrarrestar el impacto de los precios internacionales, el Poder Ejecutivo está evaluando varias estrategias. Entre ellas, se contempla la posibilidad de aplicar aumentos por debajo del PPI, utilizar la banda de ajuste del 7% para limitar las subas o reforzar subsidios, especialmente en el caso del supergás. Actualmente, el precio del supergás es de $88,46 por kilo, mientras que el costo de referencia es superior, lo que implica que el subsidio está funcionando como un alivio para los consumidores. Sin embargo, si el gobierno decide mantener el nivel actual de subsidio, el precio al público podría llegar a estar cerca de $100 por kilo, lo que generaría un nuevo desafío para los hogares uruguayos.

Desde julio de 2025, la nueva metodología de ajuste de precios incluye una banda de flotación que busca mitigar la volatilidad de los precios internacionales. Sin embargo, esta regla tiene cláusulas de escape que el gobierno podría utilizar en situaciones extraordinarias, como la actual guerra en Medio Oriente. El dilema que enfrenta el gobierno es complejo: si decide respetar la banda del 7%, priorizará el bienestar del consumidor, pero esto podría afectar los ingresos de Ancap, la empresa estatal que gestiona la producción de combustibles. Por otro lado, si se activan las cláusulas de escape para aumentar los precios, esto podría aliviar las cuentas de Ancap, pero también incrementaría el costo de vida en un momento ya complicado para la economía.

En este contexto, es fundamental que los inversores y consumidores estén atentos a las decisiones del gobierno en las próximas horas. La posibilidad de un ajuste anticipado en abril podría tener repercusiones no solo en los precios de los combustibles, sino también en la inflación y en el costo de vida general. Además, el seguimiento de los precios del petróleo crudo y de los productos refinados en el mercado internacional será clave para anticipar futuros movimientos en los precios locales. La situación actual exige una vigilancia constante, ya que cualquier cambio en la política de precios podría influir en la economía uruguaya y, por extensión, en la región, incluyendo a Argentina, donde los precios de los combustibles también están bajo presión debido a factores similares.