El nuevo Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI) implementado por el Gobierno argentino ha generado un debate significativo en la industria de maquinaria agrícola. Este régimen establece un piso mínimo de US$150.000 para acceder a la amortización acelerada, lo que ha dejado fuera a una parte considerable de las inversiones que se realizan en el campo. A pesar de que el objetivo del RIMI es fomentar proyectos productivos mediante beneficios fiscales, muchos en el sector consideran que este umbral es excesivo y no se ajusta a la realidad de las inversiones agrícolas, que a menudo son escalonadas y distribuidas en varios equipos menores.

Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) y la Federación Argentina de Máquinas Agrícolas (Facma), se ha comenzado a trabajar en un planteo formal ante el Gobierno para solicitar ajustes en la reglamentación del RIMI. La propuesta incluye la posibilidad de sumar diferentes inversiones para alcanzar el monto mínimo requerido. Por ejemplo, un productor podría adquirir un cabezal maicero, una tolva y otros implementos que, en conjunto, superen el umbral de US$150.000, aunque cada uno por separado no lo haga. Esta flexibilidad es crucial para reflejar la dinámica real de inversión en el agro, donde las decisiones no siempre se centran en una sola compra de gran magnitud.

El RIMI, que también ofrece beneficios como la devolución anticipada del IVA, establece diferentes umbrales según el tamaño de la empresa. Para las microempresas, el piso mínimo de US$150.000 puede resultar inalcanzable, dado que muchas maquinarias, como mixers y tolvas, tienen precios que oscilan entre US$20.000 y US$50.000. Esto significa que una gran parte de las inversiones queda excluida del régimen si se consideran de manera individual. Hernán Zubeldía, presidente de Cafma, ha señalado que, para cumplir con el mínimo en una sola operación, un contratista tendría que optar por maquinaria de gran porte, como una cosechadora nueva o un tractor grande, lo cual no es una práctica común en todos los años.

La situación se complica aún más en un contexto donde el sector agrícola argentino busca recuperarse tras un 2024 complicado. Aunque el inicio de 2025 mostró signos de mejora, el segundo semestre fue más débil, lo que afectó la recuperación. Sin embargo, las expectativas para el año en curso son más optimistas, impulsadas por una buena campaña de trigo y una cosecha de granos gruesos en marcha. Con condiciones macroeconómicas más estables y un financiamiento adecuado, los actores del sector ven un potencial de crecimiento. Zubeldía ha afirmado que, si el clima acompaña, las condiciones están dadas para que este sea un buen año.

De cara al futuro, el sector agrícola argentino debe estar atento a la reglamentación del RIMI, que depende del Poder Ejecutivo. La etapa de reglamentación es vista como una oportunidad para introducir ajustes que beneficien a toda la cadena agroindustrial. Se prevé que las entidades representativas del sector, como Cafma y Facma, continúen dialogando con legisladores y el Gobierno para asegurar que las necesidades del campo sean consideradas. Este proceso es fundamental, ya que el impacto de la normativa no solo afecta a los fabricantes de maquinaria, sino también a los productores y contratistas que dependen de estas inversiones para modernizar sus equipos y mejorar su productividad.