La Inspección de Trabajo en España ha reclamado a Uber Eats un total de 110 millones de euros en cotizaciones impagadas, tras concluir que cerca de 60.000 repartidores que trabajaron para la empresa entre 2022 y 2026 eran en realidad falsos autónomos. Este desarrollo se produce después de que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) enviara un mensaje a estos repartidores notificándoles sobre su alta en el régimen general, a pesar de que durante esos periodos figuraban como autónomos. La investigación, que se inició en verano del año pasado, ha puesto de manifiesto la necesidad de regularizar la situación laboral de estos trabajadores, quienes, según la Inspección, deberían haber sido considerados asalariados desde el principio.

El contexto de esta situación se remonta a la creciente presión regulatoria sobre las plataformas de reparto en España. En los últimos años, empresas como Glovo y Just Eat han adoptado modelos laborales que garantizan derechos a sus trabajadores, mientras que Uber Eats había mantenido un enfoque híbrido, combinando trabajadores asalariados con autónomos. La decisión de Uber Eats de anunciar su transición a un modelo de asalariados en enero de este año fue, en parte, una respuesta a las amenazas de acciones penales por parte del Ministerio de Trabajo, que había advertido sobre la ilegalidad de su modelo anterior. Esta transformación se produce en un momento en que el sector de la entrega a domicilio está bajo un intenso escrutinio, con la legislación conocida como la 'ley rider' que busca proteger los derechos laborales de los repartidores.