La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un nuevo acuerdo voluntario con los gasolineros para establecer un precio máximo de 28.50 pesos por litro de diésel, en respuesta al aumento de precios que había llevado el costo hasta cerca de 30 pesos en algunas estaciones de servicio. Esta medida se implementa en un contexto donde el precio promedio nacional del diésel es de 28.69 pesos, gracias a un estímulo fiscal del 61.8% al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), que reduce el costo para los consumidores en 4.55 pesos por litro. Sin este estímulo, el precio del diésel podría haber alcanzado los 33.24 pesos por litro, lo que pone de manifiesto la presión inflacionaria que enfrenta el país.

El aumento en los precios del diésel ha generado preocupación en el gobierno, ya que este combustible es esencial para el transporte de carga y, por ende, para la economía en general. La presidenta Sheinbaum mencionó que se reunió con representantes del sector gasolinero para entender las razones detrás del aumento de precios, a pesar del apoyo fiscal. Sin embargo, la implementación de un tope de precios ha sido criticada por expertos, quienes advierten que puede generar distorsiones en el mercado y afectar la inversión en infraestructura de almacenamiento.

Susana Cazorla, directora de SICEnergy, destacó que los precios controlados pueden llevar a una reducción en la inversión en almacenamiento de combustibles, lo que podría comprometer la seguridad del suministro en caso de crisis. Actualmente, los inventarios de combustibles en México son insuficientes, con reservas que oscilan entre 3 y 6 días, muy por debajo de los estándares internacionales, como los 90 días que se contemplan en España. Esta situación plantea un riesgo significativo para el país, especialmente si se producen interrupciones en la cadena de suministro global.

La contención de precios, aunque puede ser vista como una medida política atractiva, tiene implicaciones financieras que podrían afectar a Pemex, la empresa estatal encargada de la importación y venta de combustibles. La presión sobre las finanzas de Pemex podría aumentar si la guerra en Medio Oriente, que ya está influyendo en los precios del petróleo, se prolonga. Esto podría llevar a un escenario en el que los consumidores terminen pagando más a través de otros mecanismos, como aumentos en los precios de otros productos o servicios.

De cara al futuro, es crucial monitorear cómo evoluciona la situación del diésel y si el gobierno implementará más medidas para controlar los precios. La próxima revisión del estímulo fiscal al IEPS será clave, así como la respuesta del sector gasolinero ante el nuevo acuerdo. La posibilidad de que se establezcan nuevos topes de precios o ajustes en los subsidios podría influir en la inflación y en el costo de vida de los mexicanos, lo que a su vez podría tener repercusiones en la economía regional, incluyendo a países como Argentina, donde los precios de los combustibles también son un tema crítico.