En menos de una semana, cerca de 15.000 empresas en Colombia se verán obligadas a pagar la primera cuota del nuevo impuesto al patrimonio, fijada para el 1 de abril. Este gravamen, que afecta a las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a $10.474 millones, ha generado gran expectativa y preocupación en el sector empresarial. A pesar de que la Corte Constitucional se reunirá hoy, no se contempla en la agenda la discusión sobre este decreto, lo que sugiere que las empresas deberán cumplir con el pago sin posibilidad de evitarlo.

El impuesto al patrimonio tiene tarifas diferenciadas: un 1,6% para los sectores financiero y minero energético, y un 0,5% para el resto de actividades. Se estima que el Gobierno espera recaudar alrededor de $8 billones a través de este gravamen, con una contribución significativa de la banca y el sector extractivo, que se espera aporten cerca del 56% del total. Este nuevo impuesto se suma a una ya compleja estructura tributaria que incluye el impuesto de renta corporativo, cuyo tipo general es del 35%, y otros gravámenes que pueden llevar la carga fiscal total a niveles alarmantes, incluso superiores al 90% en algunos casos.

La presión fiscal sobre las empresas se intensifica en un momento en que muchas enfrentan desafíos financieros significativos. Los gremios empresariales, como Fenalco y AmCham, han expresado su preocupación por la viabilidad del impuesto al patrimonio, argumentando que podría amenazar la sostenibilidad de numerosas empresas. En particular, se estima que las 1.000 compañías más grandes del país podrían enfrentar un costo fiscal de hasta $9,9 billones, lo que podría afectar su capacidad de inversión y crecimiento. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, el impuesto podría representar un costo equivalente al 50% de la inversión en exploración prevista para 2025.

Además, el calendario tributario para las empresas catalogadas como grandes contribuyentes es exigente, con múltiples obligaciones en el primer semestre del año. La primera cuota de este impuesto se paga en abril, mientras que la segunda se debe abonar en mayo. Las empresas que no son clasificadas como grandes contribuyentes seguirán un calendario diferente, con la presentación de la declaración y el pago de la primera cuota en mayo y la segunda en julio. Esta carga tributaria se suma a otros impuestos, como el IVA del 19%, el impuesto a las ganancias ocasionales y los aportes parafiscales, que en conjunto superan el 4%.

A medida que se acerca la fecha de pago, las empresas deben estar preparadas para cumplir con sus obligaciones fiscales, a pesar de la incertidumbre que rodea la discusión del decreto en la Corte Constitucional. La próxima reunión de la Corte, programada para el 8 de abril, podría ofrecer una oportunidad para discutir el impuesto, pero por el momento, las empresas deben proceder con el pago de la primera cuota. Los inversores y analistas deben monitorear cómo esta carga fiscal afectará la rentabilidad y las decisiones de inversión de las empresas en el futuro cercano, especialmente en un contexto de alta presión financiera y un entorno económico desafiante.